Andalucía

Greenpeace actúa contra el proyecto gasista de Doñana y la empresa denuncia un "asalto"

  • Los ecologistas levantan un "campamento de resistencia" y bloquean los accesos

Activistas de Greenpeace, ayer en su acción contra el proyecto de gas en Doñana. Activistas de Greenpeace, ayer en su acción contra el proyecto de gas en Doñana.

Activistas de Greenpeace, ayer en su acción contra el proyecto de gas en Doñana. / pedro armestre / efe

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Activistas de Greenpeace se ha atrincherado en las instalaciones que Gas Natural Fenosa tiene en Almonte como medida de protesta con la escenificar su oposición a los planes de la empresa catalana de extraer y almacenar gas en el subsuelo del Espacio Natural de Doñana, aunque fuera de las lindes del Parque Nacional. Una veintena de miembros de la organización ecologista instalaron "un campamento de resistencia" y bloquearon con una cadena humana las puertas de entrada que dan acceso a las instalaciones, desplegando pancartas en las que se leía: "Doñana no es un almacén de gas". Greenpeace insiste en "la peligrosidad de un proyecto que camina en la dirección opuesta a" los compromisos que España va a suscribir hoy en el Congreso de los Diputados al ratificar el Acuerdo de París.

Como respuesta a la acción de Greenpeace, Gas Natural Fenosa y Enagás denunciaron ante la Guardia Civil la "ocupación" de sus instalaciones. Gas Natural condenó lo que para la compañía no es sino todo un "asalto" de la organización ecologista. La empresa reiteró que viene trabajando en el área de Doñana desde hace cerca de 30 años "con el máximo cuidado del entorno en el que se realiza su actividad".

Greenpeace conmina al Gobierno central y al autonómico a que, en el marco de sus competencias, adopten las acciones políticas y jurídicas necesarias para detener el proyecto, instando igualmente a Gas Natural a "renunciar a cualquier reclamación de responsabilidad patrimonial a las administraciones, que finalmente deriven en el pago de la ciudadanía".

El responsable de campaña de Greenpeace, Julio Barea, ve paralelismos con el proyecto Castor, promovido por la empresa Escal UGS para la construcción de un depósito de gas natural frente a las costas de Castellón y Tarragona, que terminó paralizando el Gobierno por la alta sismicidad que generaban las inyecciones de gas, ya que la actividad industrial provocó cerca de 500 terremotos que se registraron en la zona, según el activista.

Barea incidió en que la reversión de la licencia de explotación conllevó indemnizaciones millonarias que oficialmente ascendieron a 1.350 millones de euros, si bien la Organización de Consumidores y Usuarios elevó esa cifra a los 4.730 millones, denunciando, además, que la factura recaería directamente sobre los consumidores.

La empresa, por el contrario, siempre ha insistido en que sendos proyectos no tienen nada en común. En concreto, lo que se proyectaba en el Mediterráneo era la construcción de un almacén artificial, mientras que en Doñana se planea utilizar las cavidades del subsuelo y que construyó la naturaleza hace millones de años.

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