El Gobierno de PP y Ciudadanos ya admite que cerrarán 2019 con un déficit superior al 0,1% del PIB, que es el objetivo marcado por el Gobierno en virtud a los acuerdos entre España y la UE. Fuentes de San Telmo confirman, como ha vaticinado la Airef, que el dato será negativo y lo achacan a que no llegarán los 513 millones del desfase del sistema de información del IVA de 2017.

Este dinero debió haber llegado a Andalucía con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado pactados por PSOE y Unidas Podemos para este año. No pudieron sacarlos adelante, lo que desembocó en la convocatoria electoral del pasado abril. Desde el Ministerio de Hacienda siempre se han escudado en el naufragio de aquel trámite parlamentario para explicar que ese dinero no llegara a las regiones. Eran 2.500 millones en total.

Más allá de la explicación política, la consecuencia es que Andalucía, por segundo año consecutivo, incumplirá las normas de estabilidad que condicionan la fórmula que utiliza cada comunidad para financiarse. El desvío de 170 millones en 2018 ha provocado la actual disputa entre la Junta y el Ministerio de Hacienda. La responsabilidad del desequilibrio registrado el pasado año es, sin duda, de la Administración socialista. La del predecible desvío en este ejercicio está todavía por dilucidarse. 

Cuando el actual consejero de Hacienda, Juan Bravo, diseñó el proyecto de Presupuestos de la Junta para 2019, las cuentas estatales de María Jesús Montero ya eran papel mojado y, con ellas, los 513 millones. No obstante, el dirigente popular incluyó esos ingresos, confiado en que, finalmente, el Ministerio de Hacienda articularía algún mecanismo para que llegaran a Andalucía. 

Bravo no fue el único optimista entre los consejeros de las haciendas regionales. De hecho, la Airef (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) ha reconocido que, si esos fondos hubieran llegado, Andalucía y otras cuatro regiones habrían podido cumplir los objetivos. Sólo cuatro comunidades no sobrepasarán el límite del 0,1%, Madrid, Canarias, Pais Vasco y Navarra.

El titular de Hacienda tiene que afrontar un problema que podría alargar a 2020 el control que la Administración central ha establecido sobre las cuentas andaluzas por el desvío de 2018