El Gobierno de España y el andaluz han llegado a un nuevo acuerdo para impedir un fallo del Tribunal Constitucional sobre un texto legal. Si en otras ocasiones, fue la Junta la que cedió para evitar un recurso contra su decreto de eliminación de trabas burocráticas, ahora ha sido el Gobierno central el que modifica un real decreto que hubiese supuesto un recorte de los fondos de formación profesional que llegan a Andalucía.

La disposición adicional séptima del real decreto de marzo establecía que, "con carácter excepcional y extraordinario", los ingresos derivados de la cotización por formación profesional del ejercicio 2020 "podrán destinarse a la financiación de cualquiera de las prestaciones y acciones del sistema de protección por desempleo" o "para financiar programas que fomenten la contratación de personas desempleadas o les ayuden a recuperar empleo". Ello hubiese supuesto un posible recorte de los fondos para Andalucía.

Esta negociación se ha llevado a cabo en el seno del grupo de trabajo constituido por acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía, de 3 de septiembre de 2020, y, finalmente, ha fructificado en un acuerdo, consultado por Europa Press, que ha sido ya publicado tanto en el Boletín Oficial del Estado (BOE) como en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

En su momento, desde la Junta de Andalucía se criticó que el Ministerio de Trabajo y Economía Social había utilizado la referida disposición para "recortar" los fondos que reciben las comunidades autónomas para financiar las acciones de Formación Profesional para el Empleo.

Sin embargo, la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía ha alcanzado un acuerdo al entender que "la controversia planteada ha perdido su objeto una vez publicada la Orden TES/1039/2020, de 3 de noviembre, por la que se distribuyen territorialmente para el ejercicio económico de 2020, para su gestión por las comunidades autónomas con competencias asumidas, subvenciones adicionales del ámbito de las políticas activas de empleo financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, incluyendo aquellos destinados a la ejecución del Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021 y del Plan Reincorpora-T 2019-2021".

En razón a este acuerdo, "ambas partes consideran resueltas las discrepancias manifestadas y concluida la controversia planteada", y así se lo comunican al Tribunal Constitucional "a los efectos previstos en el artículo 33.2 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional".