La Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local ha puesto en marcha una aplicación móvil para que los funcionarios de los juzgados puedan avisar de una posible agresión o intento de agresión cuando están desplazados fuera de sus puestos de trabajo para realizar tareas como las notificaciones con tan solo pulsar el botón rojo de SOS.

Esta herramienta, denominada Prodam Admon, es de uso fácil e intuitivo y se la puede descargar todo el personal de la Administración de Justicia de Andalucía en todos los escalafones, así como de todos los perfiles profesionales y en todos los órganos y sedes judiciales de la comunidad. Además, puede instalarse tanto en sistemas Android como iOS (Apple), ya sea en teléfonos particulares o corporativos de la Junta de Andalucía. Para ello solo requiere un registro con el que se verifica si el usuario que se ha descargado la app forma parte del personal de la Administración de Justicia.

Una vez descargada y realizado el registro correspondiente, la herramienta ya está lista para su uso. De esta forma, el funcionario que se vea inmerso en una situación de riesgo solo tiene que pulsar el botón rojo de aviso SOS. Con ello, se genera un aviso que inicia un protocolo inmediato que traslada dicha alerta tanto al resto de profesionales del órgano judicial más cercano geográficamente a la persona que ha pulsado el botón como al servicio de vigilancia y seguridad de la sede judicial en la que se produzca el aviso.

La herramienta ha sido puesta en marcha por la Dirección General de Infraestructuras Judiciales y Sistemas mediante un contrato que ha supuesto en una inversión de 12.000 euros. Además, ya se está trabajando para que en futuras fases se pueda disponer en la misma de servicio de geolocalización e incluso aviso directo a las fuerzas de seguridad.

Esta medida fue una de las valoradas en el Comité de Seguridad convocado en Granada el pasado mes de febrero a raíz de una agresión a una funcionaria del Servicio Común. Además, la Consejería de Justicia cuenta con un Protocolo de Agresiones Externas, elaborado por la Dirección General de la Oficina Judicial y Fiscal en esta legislatura, que supone prestar asistencia jurídica y psicológica a la víctima, entre otras medidas, cuando ocurre un caso de este tipo.