La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga el escándalo de los ERE, que reclame más datos sobre las empresas creadas por Juan Francisco Trujillo, el ex chófer que está en prisión preventiva desde el pasado miércoles. En un escrito remitido al juzgado, el delegado de la Fiscalía Anticorrupción en Sevilla ha solicitado a la instructora que se pidan datos sobre las cuentas bancarias del ex chófer del ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Francisco Javier Guerrero. Según informa Efe, la Agencia Tributaria sólo ha indagado los datos bancarios y los rendimientos de las empresas ficticias que creó Trujillo de los años 2004 y 2005, ejercicios en los que se concedieron las subvenciones ilegales, y la Fiscalía quiere que se amplíe la investigación por si aparecen nuevos datos relevantes para la causa.

La Fiscalía Anticorrupción ya advirtió cuando solicitó la prisión para Trujillo que era necesaria una mayor investigación sobre el uso de las empresas para ayudas a otros a "obtener ilícitamente fondos públicos", y consideraba que esa investigación debía extenderse al "descubrimiento del destino del dinero público, así como de la existencia de otras empresas y/o patrimonios controlados de manera directa o indirecta por el imputado".

Juan Francisco Trujillo está en la cárcel de Sevilla-II, en Morón de la Frontera, imputado por 22 delitos, aunque inicialmente la juez Alaya sólo le atribuía la mitad de estos delitos, que amplió hasta la cifra final de acuerdo con el relato de los hechos que hizo Juan Francisco Trujillo y las distintas irregularidades que confesó y que hasta ese momento eran desconocidas para la instructora, como por ejemplo que elaboró cuatro facturas falsas o que percibe fraudulentamente el desempleo porque unos empresarios le dieron de alta durante un tiempo para que pudiera acceder a esta prestación.

La Fiscalía Anticorrupción, que ahora reclama ampliar la investigación a sus empresas ficticias, es la que solicitó su encarcelamiento al considerarle una parte activa y de plena cooperación "en una labor continuada de saqueo de fondos públicos". El ex chófer de Guerrero confesó que éste le concedió tres subvenciones para empresas ficticias, por importe de 1,3 millones de euros, y que también percibió otros 122.649 euros de una póliza suscrita a nombre de su madre y en la que falsificó la firma de ésta.

La Fiscalía le acusó de ser un "beneficiario ilícito de fondos públicos" y de cooperar en el beneficio de Francisco Javier Guerrero.