El Gobierno español quiere que la colonia británica de Gibraltar vuelva a formar parte de la lista negra de paraísos fiscales por su falta de cooperación en la lucha contra el blanqueo de capitales, según informó en su edición de ayer el diario El País.

El Peñón está considerado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) como un paraíso fiscal "cooperante" en materia de lucha contra el blanqueo, debido a sus compromisos con el respeto de las normas europeas y las recomendaciones de instancias internacionales como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Sin embargo, según el diario, Gibraltar no hace ningún esfuerzo de cooperación y transparencia con los servicios fiscales españoles a pesar de que la colonia británica está en zona de "riesgo", entre el sur de España y el norte de África y la corrupción inmobiliaria en la Costa del Sol, donde "menudean las actividades relacionadas con el blanqueo de capitales, como el urbanismo, la corrupción y el narcotráfico".

Además, la información refleja que Gibraltar, al frente de cuyo Ejecutivo está Peter Caruana como ministro principal, se ha convertido en los últimos años en la sede de las principales empresas de apuestas por internet -que preocupa a los expertos en lucha contra el lavado de dinero negro-, y que constituye un centro financiero internacional, "no tan modesto como las autoridades gibraltareñas insisten en resaltar", donde el peso de la economía local se ha ido inclinando más hacia la esfera financiera que a su anterior función como base naval británica.

Así, el diario enumeró que el Peñón dispone de diecinueve bancos, diez sucursales de entidades internacionales, diecisiete compañías de seguros, más de treinta intermediarios con aseguradoras, treinta compañías de inversión, quince oficinas de cambio y 28.000 sociedades activas. Todos estos componentes forman un entramado financiero que continúa siendo opaco para España. De hecho, destaca que para la operación Ballena Blanca -contra el blanqueo de dinero- no hubo colaboración con las autoridades gibraltareñas ni británicas.

El periódico El País cita a fuentes del Ministerio español de Economía, -que afirmó que a efectos fiscales, no se ha avanzado nada con Gibraltar-, y a otros organismos oficiales como el Banco de España y la autoridad bursátil española, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Madrid quiere que Gibraltar vuelva a integrar la lista de paraísos fiscales "no cooperantes", en la que ya están incluidos otros territorios como Andorra, Liberia, Liechtenstein, las islas Marshall y el principado de Mónaco.

El territorio de Gibraltar fue cedido por España a Inglaterra por Tratado de Utrecht, en 1713. España reivindica su posesión si el Reino Unido renuncia a su soberanía sobre el Peñón, donde viven actualmente alrededor de 30.000 personas. La gran mayoría de los gibraltareños se muestran contrarios a anexionarse a España.

A pesar de los históricos desencuentros entre España y la colonia vecina, autoridades españolas, británicas y gibraltareñas firmaron a finales de 2006 un acuerdo que marcó el inicio la calma en sus relaciones. Una buena muestra de este colima de entendimiento y permitió el restablecimiento de vuelos entre Madrid y la Roca.