Susana Díaz anunció el miércoles pasado la aprobación inmediata de un plan público que dará 22.000 nuevos empleos. Al día siguiente se publicó en el BOJA, pero la resonancia del hecho ha sido mínima, por no decir que nula. Son los trastornos de los tiempos electorales. Desde que Ciudadanos anunció la ruptura de las alianzas con el PSOE, todos los partidos andaluces se han puesto en modo campaña. A partir de ahora se hará imposible cualquier acuerdo, incluido el de los Presupuestos andaluces de 2019. Con ese ruido de fondo, Susana Díaz tiene dos opciones: o lo detiene, y para ello bastaría que anunciase, públicamente, que agotará la legislatura, lo que le llevaría hasta marzo, o se suma al bullicio, con lo que sólo aguantaría unas pocas semanas más. La fecha que manejan todos los partidos es el del último fin de semana de noviembre, el 25-N.

Si hay elecciones ese día, Susana Díaz tendría que disolver el Parlamento andaluz antes del 30 de septiembre. Necesita un colchón de 54 días, pero se puede extender hasta los 60. Si fuese así, la presidenta podría presentarse ante los electores después de que se hubiese aprobado la Ley de Igualdad, en la que ha puesto bastante empeño.

Ley de Formación Profesional

Tanto esta ley como la de Formación Profesional, que son dos de las más importantes de esta legislatura, ya han pasado el trámite de la ponencia, pueden pasar a la comisión en dos semanas y aprobarse en el pleno del 27 de septiembre. Ese jueves hay sesión de control al Gobierno, y después se someterá le ley a votación con grandes posibilidades de ser aprobada. Otra cosa es el futuro de la Ley de Formación Profesional, que ha salido muy tocada de la ponencia.

Si fuese así, el Parlamento andaluz quedaría disuelto para el mes de octubre, se celebrarían las elecciones el 25 de noviembre y antes de Navidad podría haber nuevo Gobierno. En el caso de que el PSOE de Susana Díaz volviese a ganar unas elecciones, es posible que se repita el acuerdo con Ciudadanos, pero en un Gobierno de coalición.

La comisión de la Faffe

Unas elecciones en noviembre permitirían al PSOE posponer la comisión de investigación de la Faffe, la extinta fundación de la Consejería de Empleo cuyo gerente se gastó dinero con una tarjeta pública en un burdel de Sevilla. Fernando Villén, el usuario del Don Angelo, tiene que declarar por ello el próximo 1 de octubre en los juzgados de Sevilla. El Parlamento puede poner en marcha ya la comisión, pero su presidente, Juan Pablo Durán, político hábil en las demoras, tiene que elevar consultas a los grupos, y se debe designar un presidente y unos comisionados que diseñen el plan de trabajo y la lista de comparecientes. En definitiva, que aunque se constituya, no llegará a trabajar antes de octubre.

No obstante, la ruptura con Ciudadanos no tendría por qué llevar a un adelanto electoral, Susana Díaz podría prorrogar sin problemas los Presupuestos de 2018 -al fin y al cabo son los suyos, a diferencia de lo que le ocurre a Pedro Sánchez en el Congreso-. El acuerdo con los naranjas fue un pacto de investidura, ni siquiera es de legislatura y buena parte de lo pactado, como los tres Presupuestos, no estaba ni en el texto firmado.

Último pleno, 27-S

Susana Díaz ha viajado a Francia estos días para una reunión del Comité de las Regiones. Sus colaboradores más cercanos sostienen que ella no ha tomado ninguna decisión sobre el adelanto y que si lo hace, lo madurará sola. Su próxima intervención pública será la del próximo pleno parlamentario, los días 12 y 13 de septiembre. Esos días se podrá palpar cuál es el ambiente electoral en la Cámara y es posible que Ciudadanos se sume a las críticas habituales del resto de la oposición. No es un hecho determinante -a Díaz le va bien polemizar-, pero quizás llegue a la conclusión de que no merece la pena aguantar una Cámara donde no tiene la mayoría absoluta.

Antes de la ruptura con Ciudadanos, el PSOE también manejaba la fecha de febrero como posible cita. El 28-F es el Día de Andalucía, es festivo y contiene su simbolismo. Ahora es una opción con menos posibilidades. Tampoco hay que olvidar que a Ciudadanos, que ha sido aliado del PSOE hasta hace unos días, le conviene una convocatoria en otoño, porque el clima en Cataluña se va a complicar en septiembre y en octubre. Los naranjas nadan a la perfección en esas aguas revueltas, es el cálculo que hace Albert Rivera e Inés Arrimadas, dos actores básicos en la próxima campaña de las elecciones andaluzas.