Andalucía

Desmantelada en Almería una red de tráfico de inmigrantes

  • Captaba a sus víctimas en Marruecos y, una vez en España, les vendían documentos falsos por entre 150 y 1.000 euros

Doce personas han sido detenidas en Almería como integrantes de una organización dedicada al tráfico ilegal de inmigrantes. La Guardia Civil ha desarticulado la red después de varios meses de investigación en la que se ha denominado operación Balisa. Los delitos que se imputan a los detenidos son estafa, falsificación de documentos, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y contra los derechos de los trabajadores, aunque hay tres de ellos a los que también se les acusa de un delito contra la libertad relativo a la prostitución.

Durante la investigación, la Guardia Civil practicó diez registros domiciliarios en Almería, Adra, El Ejido y también en Vélez-Málaga (Málaga) en los que se incautaron de documentos, material informático, dinero y pruebas incriminatorias y se pudo determinar que el núcleo principal de la organización se encontraba en Almería, con ramificaciones en otros puntos de Andalucía, Cataluña, Murcia y Valencia.

Según indicaron fuentes la Comandancia de la Guardia Civil de Almería, la red fletaba con destino a la costa española, principalmente a Cádiz, embarcaciones con inmigrantes a los que luego vendían contratos de trabajo y otras pruebas falsas, que empleaban para solicitar permisos de residencia y trabajo en España.

Una parte de la red se encargaba de captar y reclutar en Marruecos a inmigrantes y una vez en España, los sin papeles eran trasladados a otras provincias, donde otra parte del grupo les facilitaban a cambio de dinero documentos falsos para presentar las solicitudes de residencia en las Oficinas de Extranjería de Almería, Granada y Murcia. Las solicitudes las justificaban en muchos casos por cicunstancias de arraigo o reagrupación familiar.

Por la documentación, los inmigrantes abonaban a la organización cantidades que oscilaban entre 150 y 350 euros, según el tipo de documento. Si se trataba de un contrato de trabajo el precio alcanzaba los 800 ó 1.000 euros.

La investigación ha permitido también descubrir que tres miembros de la red, aprovechándose de la vulnerabilidad de las víctimas, habían obligado a prostituirse en un club de alterne de Alicante, al menos, a una mujer extranjera en situación irregular.

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