Andalucía

Costas exigirá un estudio de riesgos por temporales en obras y concesiones nuevas

  • Obligará a prever los efectos del cambio climático en las ocupaciones en dominio público

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Cualquier concesión nueva que se otorgue para un chiringuito en las playas, la renovación de las ya existentes o la construcción de todo tipo de obras en dominio público marítimo-terrestre tendrá que llevar asociado un estudio de riesgos frente a posibles temporales. Es el nuevo requisito que a partir de ya exigirá la Dirección General de Costas, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, antes de autorizar la ocupación de la zona de alcance de las olas y de la playa con el objetivo de evitar daños en las infraestructuras.

Las demarcaciones de Costas andaluzas ya han recibido los criterios técnicos que tendrán que aplicar los técnicos para valorar los estudios sobre posibles afecciones que deberán incluir los promotores, sean particulares, empresas o administraciones públicas, como un anejo en los proyectos que presenten para solicitar una concesión temporal o una autorización para cualquier tipo de instalación en dominio público, como un paseo marítimo, un espigón o una estación de bombeo, entre otros.

Es lo que exige el real decreto 876/2014, aprobado el pasado de 10 de octubre, por el que se aprueba el reglamento general de la Ley de Costas que incorpora, por primera vez, las consecuencias del cambio climático, por lo que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente está elaborando una estrategia para la adaptación de la costa a sus efectos.

Se trata del instrumento para desarrollar y aplicar la Ley de Costas de 1988 y la Ley de Protección y uso sostenible del litoral de 2013, que además modificaba la primera. El reglamento prevé incluso la posibilidad de declarar en regresión ciertos tramos de costa, en los que se restringirán las ocupaciones en base a los criterios técnicos fijados para determinarlos.

Los estudios exigidos ahora para cualquier instalación o infraestructura prevista en dominio público marítimo-terrestre deberán determinar las posibles afecciones que el mar podría acarrear en el periodo de vida útil de la construcción en cuestión. Es decir, una proyección de los daños que puede sufrir en un plazo de unos 50 años para determinar su viabilidad en la zona prevista o la necesidad de adoptar medidas de prevención para minimizarlos.

Costas pretende que las obras que se proyecten cuenten con seguridad frente a temporales y a los efectos que se esperan que traiga asociado el cambio climático con la subida del nivel del mar. El objetivo es no dañar la playa ni tampoco invertir dinero en una zona donde se desaconseja la ocupación.

El organismo dependiente del Ministerio de Medio Ambiente aspira a disponer de un mapa de alcance de temporales pormenorizado por tramos de toda la costa malagueña y en el que se tenga en cuenta la particularidad de cada zona. Pero fuentes de Costas aseguraron que este mapa se irá haciendo por zonas a medida que se solicite una concesión o una obra, es decir, se estudiará técnicamente cada tramo según demanda hasta conformar un documento completo al que recurrir cada vez que haya valorar un estudio de riesgos marítimos.

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