EL 31 de diciembre de 2019, la OMS recibió una notificación procedente de Wuhan (China) en la que se alertaba de un aumento significativo de casos de neumonía por un nuevo coronavirus denominado SARS CoV-2. En tan sólo tres meses, estábamos sumidos en una pandemia global y España vivía la crisis sanitaria más grave que recuerde esta generación. Ni una sola familia española va a salir indemne del trágico escenario que ha dibujado la Covid-19. Este virus no sólo nos ha enfermado, también nos ha empobrecido.

El conjunto de las administraciones debemos hacer frente en este momento a una cantidad ingente de acciones si queremos minimizar el impacto, atendiendo a quienes más lo necesitan y garantizando que nuestra estructura social y económica no salga dañada de forma irreversible. Pienso especialmente en nuestros jóvenes, hoy universitarios, que deberán salir egresados con las mejores perspectivas para construir su futuro. Pero, al mismo tiempo, todos debemos entender que los recursos públicos son limitados.

En este contexto, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía instó a la Consejería de Hacienda a iniciar las actuaciones necesarias para la dotación de un Fondo de Emergencia Social y Económica contra la Covid-19 (FESE) por valor de 700 millones de euros. Estos recursos están destinados a sufragar los enormes gastos que debe asumir la comunidad autónoma para atender a la población andaluza en este momento.

Esto es en definitiva el FESE: un fondo que recurre a un capital con origen en los presupuestos andaluces y que, actualmente, permanece inmovilizado sin repercutir en una sociedad que necesita mayor inversión pública. Cualquier lógica de contabilidad, incluso la más doméstica, invita a movilizar ante una emergencia dinero inactivo antes de incrementar la deuda. Más aún cuando están tan limitadas las opciones de endeudamiento y, a su vez, Andalucía sufre las consecuencias de un sistema de financiación injusto.

El acuerdo de Consejo de Gobierno afecta a la mayor parte de las consejerías y entidades que se nutren de ese presupuesto público. También a las universidades. Sobre estas, adopta tres medidas:

1. Pago de 126,9 millones de la deuda contraída en 2015 por el Gobierno anterior.
2. Autorización de inversiones por valor de 125 millones procedentes de los remanentes.
3. Permutar 135 millones de euros que afectan al Programa 42J del presupuesto de la Junta de Andalucía por un importe idéntico de remanentes de las universidades.

Esto significa que la capacidad de gasto de las universidades no sufre recorte alguno y que su capacidad de inversión se incrementa en 125 millones. Se trata de una medida especialmente necesaria en este momento, en el que han de convivir la enseñanza presencial y online, así como impulsar las actividades de I+D+i para contribuir a la reactivación económica.

El sistema universitario, con diez universidades públicas, es complejo y heterogéneo. Las universidades públicas son financiadas en un 90% por la Junta de Andalucía. Suelo escuchar que los remanentes proceden exclusivamente del “ahorro” de algunas universidades. Dicha opinión, como es lógico, no es compartida por aquellas que carecen de estos fondos, sin que ello haya afectado a la calidad de su enseñanza o al desarrollo de la investigación. Me niego a entrar en este debate ya que, como consejero de Universidades del conjunto de Andalucía, confío al cien por cien en el buen gobierno de todas las instituciones.

Pero sí estoy convencido de que el origen de los remanentes tiene su fuente principal en un sistema de financiación fallido y obsoleto a cuya reforma no quisieron hacer frente quienes me precedieron. Este es un fallo estructural del sistema universitario andaluz que deberemos superar en los próximos meses.

Me formé en la universidad pública andaluza, investigué en ella y trabajé para ella. No puedo estar más agradecido a la contribución que las universidades realizan al desarrollo de nuestra sociedad y al crecimiento individual de los andaluces. Este Gobierno velará siempre por la sostenibilidad de un sistema que aspira a la máxima calidad y universalidad.

El compromiso del Gobierno andaluz con la educación superior y la investigación de excelencia es innegable. Por ello hemos venido incrementado consistentemente su financiación, que aumentó el año pasado en un 5% y, este año, con los últimos ajustes incorporados, se eleva por encima del 14%.

Los estudiantes son la razón principal y el primer deber de las universidades y, en consecuencia, también de esta Consejería. En ese sentido, frente a temores infundados que se vienen alimentado de forma irresponsable, el Gobierno de Andalucía os garantiza que se mantendrá el precio de las tasas (el segundo más bajo de España) y la bonificación del 99% de los créditos universitarios aprobados en primera matrícula. Asimismo, la Junta de Andalucía continúa con el complemento al programa Erasmus+.

El profesorado de las universidades públicas, así como personal de administración, no debe temer tampoco por ninguno de los derechos que este Gobierno les ha reconocido. Todo esfuerzo por optimizar nuestro sistema público de universidades debe pasar por garantizar que sus recursos humanos puedan desempeñar su trabajo en condiciones que favorezcan la promoción, la eficiencia y la valoración de los méritos.

Entre otras cuestiones, conviene recordar que ha sido este Gobierno quien ha incrementado en 138,5 millones la cota de personal para avanzar en la recuperación de derechos del PDI y PAS. Asimismo, reconocimos a casi 10.000 profesores los complementos autonómicos que les correspondían por sus méritos profesionales y que no habían sido convocados desde 2008. Son derechos merecidos que hoy ven reflejado en sus nóminas y que han estado paralizados durante demasiado tiempo.

Igualmente, quiero señalar que el sistema de I+D+i andaluz no se verá afectado. En este momento se está procediendo a la selección de 257 investigadores posdoctorales con experiencia internacional y en las próximas semanas saldrán nuevas convocatorias, a las que destinaremos 42 millones de euros.

Cuando llegamos al Gobierno, la Dirección de Evaluación y Acreditación (DEVA) tenía acumulado más de 12.000 expedientes sin resolver. En la Consejería nos encontramos 168 millones de euros en expedientes sin justificar y más de 88 millones correspondientes a convocatorias pendientes de resolución. Es decir, el Gobierno que nos precedió dejó un sistema de I+D+i colapsado que, después de mucho esfuerzo, hoy funciona con normalidad.

Estudiantes, profesores e investigadores, PAS, os agradezco el esfuerzo que habéis venido desarrollando durante este complejo curso académico. Sé que no ha resultado fácil. La Universidad, una vez más, debe mirar a la sociedad y dar lo mejor de sí misma. Y ahora eso pasa por reforzar su función social, tan defendida por la propia comunidad universitaria. No cabe duda de que este esfuerzo de todos tendrá su retorno en el futuro. Constará que la universidad ayudó a Andalucía a sortear los momentos más difíciles de su reciente historia.