El Consejo General del Poder Judicial estudió ayer la petición del juez Francisco Javier de Urquía de reingresar en la carrera judicial una vez que ha cumplido la pena de suspensión que le impuso el Tribunal Supremo por cohecho y acordó requerirle un certificado negativo de antecedentes penales. Así lo decidió la Comisión Permanente del CGPJ, según han informado fuentes de este órgano. En abril el CGPJ acordó, tras la sentencia dictada por el Supremo, que este juez perdiera el destino que ocupaba en el Juzgado de Instrucción número 2 de Marbella (Málaga). El Supremo absolvió a De Urquía de un delito de prevaricación por el que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) le había condenado a una multa de 36.000 euros, y confirmó que es autor de un delito de cohecho.

Por este último delito el TS le condenó a 21 meses de suspensión de su cargo de magistrado y a multa de 73.800 euros, en lugar de a los dos años de prisión, los siete de inhabilitación para cargo público y la misma multa que le había impuesto el TSJA. En su sentencia, el Supremo justifica la reducción de la pena en el hecho de que, aunque ha quedado probado que De Urquía pidió dinero -73.800 euros- a Roca para pagar la entrada de una vivienda a cambio de un trato favorable en asuntos judiciales, al haberse anulado la condena por prevaricación -es decir, haberse estimado que no hubo tal trato de favor- la pena debe ser menor.

El juez alegó ante el CGPJ que la pena de 21 meses de suspensión ya la ha cumplido, puesto que fue suspendido provisionalmente de su cargo de magistrado del Juzgado de Instrucción número 2 de Marbella el 5 de julio de 2007. De Urquía está suspendido provisionalmente por el CGPJ por otra causa penal abierta que actualmente instruye el TSJA por supuestos delitos de cohecho y prevaricación ante la presunta extorsión al dueño del hotel Puente Romano de Marbella a cambio de favores judiciales.