La recusación planteada por el PP-A contra la juez María Núñez Bolaños por el hecho de que una cuñada suya trabaje en la agencia IDEA no parece que vaya a tener mucho recorrido. La acusación popular que ejerce el PP-A presentó el pasado viernes en el juzgado un incidente de recusación contra la magistrada en la macrocausa abierta para investigar las transferencias de financiación recibidas por el IFA-IDEA, al estimar que la magistrada debió de abstenerse de conocer esta causa por razón de parentesco y por tener "interés directo o indirecto" en el pleito o causa, de acuerdo con el artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

En primer lugar, como los propios populares reconocen en el escrito presentado en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, su personación como parte en este proceso está pendiente de que la Audiencia de Sevilla resuelva un recurso presentado contra la decisión de Bolaños de confirmar la fianza impuesta de 30.000 euros para ejercer dicha acción popular, por lo que la recusación podría ser inadmitida sin más, según fuentes del caso consultadas por este periódico.

Eso no evitaría que, una vez resuelta la cuestión de la fianza, volvieran a reproducir dicho incidente, con lo que la Audiencia tendría que resolver una recusación en la que, según las mismas fuentes, no hay aparentemente elementos para que prospere.

La formación que lidera Juanma Moreno sostiene que María Guija Villa, hermana del marido de la juez Bolaños, como técnico del área de control y seguimiento de la agencia IDEA, se encarga del "uso de los fondos públicos que maneja IDEA, incluidas las transferencias de financiación provenientes de las Consejerías de Empleo e Innovación" y recuerda que la magistrada instruye la causa sobre el "uso inadecuado de las transferencias de financiación de la agencia IDEA".

Los populares señalan que han tenido conocimiento del "irregular acceso al puesto de trabajo de María Guija, "que al parecer accedió a un contrato de trabajo indefinido en la agencia IDEA en el año 2003 de la mano del entonces secretario general Francisco Oyonarte" y que podría ser "una de las 12 personas contratadas con carácter indefinido por el IFA durante el ejercicio 2003, cuya contratación se ha realizado vulnerando los principios y el procedimiento establecidos en el artículo 15 del convenio colectivo". "Dicho en términos latinos, Do ut Des" (¡te doy para que me des!), añade el escrito de recusación.

Sin embargo, fuentes de la agencia IDEA consultadas por este periódico confirman que María Guija, licenciada en Derecho, es una funcionaria de nivel técnico inferior, que realiza funciones administrativas o de secretaria, y además su labor en ningún momento tiene "nada que ver" con la gestión de las transferencias de financiación, sino con el seguimiento de los fondos propios de la agencia, realizando una labor "meramente administrativa y sin capacidad de resolución".

Así, señalan que María Guija se ha encargado del control y seguimiento de las subvenciones concedidas por IDEA, es decir, una vez justificadas las ayudas por el beneficiario, como técnico de la agencia se encargaría de analizar dicha justificación es correcta o si hay que solicitar el reintegro de parte de la misma.

Los populares sostienen igualmente en el escrito de recusación que la juez María Núñez Bolaños, "a través" de su cuñada, "pudiera haber obtenido ciertos datos o informaciones de manera extrajudicial que le hayan llevado a formar unos prejuicios incompatibles con la imparcialidad, siendo la mera sospecha de que ello haya sido posible o haya pasado, una razón suficiente para apreciar la causa de la presente recusación, en cuanto la mera duda sobre si se ha perdido la apariencia de imparcialidad es suficiente para su estimación".

Y añaden que la juez Bolaños podría tener un "interés directo e indirecto" por mantener un control exhaustivo de la causa, sin presencia de otras partes incómodas para ella, en aras de evitar que su cuñada sea llamada al proceso como investigada".

Las fuentes consultadas consideran que María Guija, por el cometido que realiza, es "imposible" que fuese llamada a declarar como investigada, y sobre el hecho de que pudiera haber informado a la magistrada, dan un argumento nada desdeñable: la cuñada de la juez está "peleada y enfrentada con el resto de hermanos en Sevilla" y prueba de ese enfrentamiento es que existe un pleito civil entre los hermanos. Es decir, que no hay contacto entre los hermanos y, por tanto, tampoco con la juez.

De otro lado, los populares acusan a la juez de justificar la imposición de la fianza de 30.000 euros para ejercer la acusación popular "en falsedades y prejuicios ideológicos ajenos absolutamente a la Justicia y que denotan la parcialidad impropia de un juez", y para ello dicen que en uno de los últimos autos Bolaños señala que la macrocausa de las transferencias de Idea podría convertirse "en una causa de dimensiones y con afectados, personalidades políticas de signo contrario al partido que ejerce la acusación popular, aún mayor que las diligencias previas 174/2011 (ERE)".

La investigación en la que se ha planteado la recusación fue abierta en mayo de 2016 por el entonces juez de refuerzo Álvaro Martín, quien coincidiendo con el cierre de la investigación del denominado "procedimiento específico" de los ERE -en el que están procesados los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros 20 ex altos cargos- decidió abrir esta otra macrocausa, al dictar una providencia en la que ordenó deducir testimonio para investigar todas las transferencias de financiación que haya podido recibir el IFA-IDEA procedentes de las Consejerías de Empleo o Innovación de la Junta que procedan de un programa distinto a la polémica partida presupuestaria 31L, conocida popularmente como el fondo de reptiles, y que tuvieron un destino "distinto al legalmente previsto".

La decisión del juez Álvaro Martín significaba en la práctica abrir otra macrocausa en la que se investigarán todas las transferencias de financiación recibidas por la agencia IDEA en el periodo 2003-2007, y la petición de abrir esta investigación fue solicitada por la Fiscalía Anticorrupción. Los fiscales delegados de Anticorrupción señalaron entonces que de la documentación remitida por la Intervención General de la Junta de Andalucía (IGJA) relativa a las memorias de control financiero permanente, los informes de control financiero, y los informes trimestrales de seguimiento de IDEA desde 2005, se desprende que "la agencia ha recibido fondos procedentes de otros programas presupuestarios distintos al 31L, mediante el mecanismo de las transferencias de financiación y con un uso inadecuado de las mismas, dado que no se destinaban a la finalidad prevista legalmente para las mismas".

Tras la marcha del juez de refuerzo, María Núñez Bolaños asumió esta investigación y, al igual que hizo en otras macrocausas, decidió imponer una fianza de 30.000 euros al PP-A para ejercer la acusación popular en esta causa. La Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla anuló en septiembre pasado esa fianza y requirió a la juez para que dictara un nuevo auto donde "justifique la razón de la imposición" de esta caución "que no ha venido exigiendo en otros supuestos". La juez motivó ese auto, confirmando la fianza, y el PP ha vuelto a recurrir en apelación ante la Audiencia de Sevilla, que aún no ha resuelto el recurso.