La juez María Núñez Bolaños, que investiga el caso de los ERE fraudulentos, ha decidido “excluir” al ex consejero de Empleo José Antonio Viera de la pieza en la que se investiga una ayuda de 24.000 euros concedida al Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera (Cádiz), al estimar que el ex alto cargo ha sido imputado en esta pieza “por el mero hecho de ser consejero” entre los años 2000 y 2004 y esta imputación ya figura dentro del juicio por el denominado “procedimiento específico”.

Se trata de la primera vez que la instructora aparta de una pieza a Viera, en aplicación del criterio establecido por la Audiencia de Sevilla de que haya un solo juicio para los ex altos cargos imputados en la pieza política del caso y después de que otro ex consejero, Antonio Fernández, haya sido apartado de una decena de piezas separadas de los ERE.

La juez recuerda que la ayuda fue concedida al Ayuntamiento de Chiclana, que entonces estaba dirigido por el actual vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, para la financiación de la Feria de Muestras y Turismo que se celebró en mayo de 2003, en virtud de un convenio suscrito por el director de Trabajo Javier Guerrero y cuyo importe se destinó en su totalidad para la finalidad para la que se concedió.

El ex consejero José Antonio Viera había solicitado el archivo de esta causa, alegando la absoluta falta de intervención en esta ayuda, “más allá del mero ejercicio de su cargo como consejero de Empleo” y presidente del IFA entre 2003 y 2004, además de considera que los delitos habrían prescrito.

La Fiscalía Anticorrupción se opuso al archivo y la juez ha asegurado ahora que “no existe otro hecho o indicio delictivo que implique la imputación del señor Viera por el pago de esta ayuda al Ayuntamiento de Chiclana que no sea su participación en la misma en el ejercicio de su cargo como consejero de Empleo”.

La juez recuerda que la Audiencia de Sevilla ha puesto de manifiesto que la pieza del “procedimiento específico” recoge una serie de hechos que no sólo comprenden “la ideación, diseño, organización, establecimiento y mantenimiento del sistema” o procedimiento de concesión presuntamente ilegal en consideración de los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado, sino que se extiende a la concesión o pago de las ayudas generadas con el sistema ideado y mantenido entre los años 2000 y 2011”.

Bolaños añade que, efectivamente como pone de manifiesto la Audiencia, en el procedimiento específico se enjuicia “no sólo toda ayuda sociolaboral sino también toda ayuda directa y todos los pagos que en virtud del sistema ideado se realizaron”.

Los hechos que se investigan en la pieza del Ayuntamiento de Chiclana, prosigue la instructora, constituyen “sin duda pagos y ayudas concedidos y realizados en el marco del presunto ilegal sistema ideado y mantenido, lo que justifica que el Ministerio Fiscal en su escrito de acusación en el procedimiento específico acuse no sólo de prevaricación, sino también de malversación, acusación de la que deriva la responsabilidad civil y en la que se engloban todos los pagos que en virtud del sistema ideado se realizaron, como indica la Audiencia Provincial en las resoluciones reseñadas”, asevera.

Bolaños añade que del análisis de las actuaciones “no cabe la menor duda de que nos encontramos ante un pago realizado al amparo de dicho procedimiento y, por tanto, como señala la Audiencia, enjuiciado en el denominado procedimiento específico”, por lo que estima la solicitud de José Antonio Viera, a quien “se trae a esta causa por su condición de consejero y, en todo caso, por su conocimiento del uso de este sistema para desviar fondos de modo discrecional y arbitrario, hechos que” son objeto del juicio que se inicia en diciembre contra 22 ex altos cargos de la Junta, entre ellos los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por lo que procede el archivo.