Seis comunidades autónomas (Canarias, Comunidad Valenciana, Murcia, Madrid, Baleares, y Extremadura) y el Imserso suspenden en la aplicación de la Ley de Dependencia en el IV Dictamen del Observatorio Estatal para la Dependencia, un organismo dependiente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, que mantienen estos días una reunión de trabajo en Alcázar de San Juan (Ciudad Real).

Sobre una escala de cero a diez, Canarias y la Comunidad Valenciana obtienen 0,5 puntos, Murcia consigue 1 punto, Madrid logra 2 puntos, Baleares recibe 3 puntos y Extremadura obtiene 4.

Por contra, Andalucía (8 puntos), Castilla-La Mancha (8), País Vasco (8), La Rioja (7,5), Castilla y León (7,5), Aragón (7) y Navarra (7) se sitúan entre las comunidades autónomas que obtienen una puntuación más alta en la escala de valoración del Observatorio.

Por otro lado, Cantabria obtiene 6,5 puntos, Asturias (5), Cataluña (5 puntos), y le sigue Galicia con 5 puntos, y Ceuta y Melilla con 4,5 puntos cada una de ellas.

La reunión del Observatorio de la Dependencia para elaborar el IV Dictamen sobre el desarrollo e implantación de la Ley coincide con el tercer aniversario de su aprobación (14/12/06). Por ello, el Observatorio ha acordado comenzar su nuevo Dictamen proclamando una vez más la importancia de esta Ley, "que ha supuesto, sin duda, un significativo avance en la protección social en España, al consolidar derechos subjetivos y universalizar su cobertura a todos los ciudadanos".

Un total de 565.218 personas han recibido en los tres primeros años de aplicación de la ley algunos de los servicios y prestaciones económicas de su catálogo, y 463.303 personas siguen percibiendo algunas de estas prestaciones económicas o servicios a fecha de hoy. "Personas en situación de dependencia y en muchos casos sus familiares que han visto así mejoradas sus condiciones de vida en circunstancias en las que requieren un especial apoyo y protección social".

En esta cuarta reunión del Observatorio se ha revisado la escala de valoración que se viene utilizando para valorar la implantación de la ley en las diversas comunidades autónomas El resultado es una escala con mayor grado de objetividad y que representa una mayor exigencia al conjunto de las comunidades, según informa el Observatorio Estatal para la Dependencia.

De ahí que el resultado de su aplicación suponga para muchas comunidades una nota más baja que la que obtenían en el anterior dictamen, "sin que ello signifique necesariamente que en las mismas se esté produciendo un retroceso en la implantación del sistema, sino que puede ser debido a esta mayor exigencia de la escala".

La escala recoge los siguientes ítems: personas beneficiarias sobre total población, solicitudes sobre total población, dictámenes sobre total población, personas con derecho pendientes de prestación o servicio, equilibrio prestaciones/servicios, integración efectiva en la red local de servicios sociales, altas en seguridad social de cuidadores no profesionales, aportación efectiva de la CCAA por habitante y año, nuevas leyes de servicios sociales, innovación y buenas practicas, información en tiempo real, y modelo de seguimiento.

Conclusiones

El Observatorio de la Dependencia considera en su IV dictamen que "en la mayor parte de las comunidades autónomas se constata como el sistema se va consolidando, una vez superadas las dificultades de su fase inicial y muchas de las imprevisiones con las que se ha abordado". 

No obstante, asegura que "resulta muy preocupante que en una tercera parte de la población española vive en comunidad autónomas en las que existe una falta de voluntad institucional de implantar el Sistema, por lo que muchos de sus ciudadanos en situación de dependencia no pueden beneficiarse aún de las prestaciones y servicios que ya son una realidad en el resto de Comunidades. Canarias, Comunidad Valencia, Comunidad de Madrid y Murcia, son las Comunidades donde se vive esta cruda realidad".

Además, el Observatorio Estatal pone de manifiesto "la urgencia de revisar en profundidad los criterios de distribución de los créditos estatales a las comunidades autónomas, y la exigencia de que se activen los mecanismos de control para garantizar el cumplimiento de los compromisos financieros de las comunidades autónomas en el desarrollo de esta ley".

También muestra su preocupación por "el escaso desarrollo que está teniendo en el sistema de atención a la dependencia, del servicio de ayuda a domicilio, que sólo perciben 56.000 personas (un 12,1% del total de beneficiarios del sistema)". Así, por cada persona a la que se le prescribe el servicio de ayuda a domicilio, hay 5 personas a las que se les prescribe la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y cuidadores no profesionales. 

"Una evidencia --opina-- de que una de las dificultades de la implantación del Sistema es que no está generando un auténtico Sistema de servicios, sino básicamente un sistema de ayudas económicas. Lo cual resulta preocupante, no sólo por el nivel de calidad en la atención especializada que las personas en situación de gran dependencia o dependencia severa requieren, sino también por que el sistema no está desarrollando su extraordinario potencial de generación de empleo, especialmente importante en el caso del servicio de ayuda a domicilio".