La venta de productos fitosanitarios y de carburantes representa una buena parte del volumen de negocio de las cooperativas agroalimentarias andaluzas, con más de 1.000 millones de euros facturados en 2018. La comercialización de estas mercancías, consideradas peligrosas, son esenciales para los quehaceres diarios de agricultores y ganaderos, que acuden a sus cooperativas en busca de semillas, fertilizantes y productos fitosanitarios para sus explotaciones. Sin embargo, esta actividad está sujeta a una exigente y enrevesada normativa, en la que varias administraciones tienen competencia, que provoca confusión en el seno de las empresas del sector.

Esta incertidumbre, además, va en aumento debido a la aprobación de nueva legislación. Por ello, Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía trabaja desde hace varios años en el desarrollo de herramientas que mejoren el conocimiento y cumplimiento de los reglamentos vigentes.

–¿En qué momento la seguridad industrial se convirtió en una línea estratégica para la federación?

–El surgimiento de nueva normativa, cada vez más compleja, hizo que la organización detectara algunas faltas por parte de las entidades federadas, que no solo entrañaban elevadas sanciones, sino que ponían en entredicho el buen hacer de nuestras empresas. Por ello, en 2016, incorporamos como parte de nuestros servicios la figura del consejero de seguridad y el sistema “checklist” para comprobar los índices de cumplimiento de las cooperativas con secciones de suministro. Sin embargo, nos encontramos con que las administraciones competentes siguen endureciendo los requisitos legales en cuanto al manejo de mercancías peligrosas. Por ello, Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía considera necesario extender e incorporar el sistema de chequeo a todas aquellas empresas del sector que manejen este tipo de mercancías para evitar que incurran en algún incumplimiento. Es así como surge el proyecto “Asesoramiento, orientación, consultoría y asistencia técnica para la implantación de medidas de seguridad industrial y laboral en cooperativas agrarias”, financiado por la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, dentro del Programa de Apoyo a la Promoción y el Desarrollo de la Economía Social para el Empleo.

–¿Qué objetivos persiguen con esta iniciativa?

–La federación trata de mejorar la competitividad de las secciones de suministros y servicios de las cooperativas federadas, a la vez que incrementa la profesionalidad del personal encargado de la gestión de estas áreas. En Andalucía, un tercio de las 330 cooperativas agroalimentarias andaluzas con sección de suministro ya han incorporado medidas de seguridad. No obstante, el objetivo de nuestra organización es alcanzar otras tantas entidades, para lo que ya hemos realizado informes de diagnóstico en un total de 80 cooperativas.

–¿Qué medidas se han tomado para ello?

–En primer lugar, valoramos el nivel de cumplimiento de las entidades en cuanto a los requisitos que marcan las diferentes normas. Para ello, hemos diseñado dos “checklists”. Un formulario para aquellas cooperativas que venden carburantes, en el que se hace hincapié en los requisitos incorporados en el Real Decreto 706/2017, de 7 de julio, por el que se regulan las instalaciones de suministro. El segundo, para aquellas cooperativas con almacén de productos fitosanitarios, revisa las condiciones de las infraestructuras y viene a completar la figura del consejero de seguridad a fin de ser rigurosos con el Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se regula el almacenamiento de productos químicos.

"En 2016 Cooperativas Agro-alimentarias incorporó el sistema de chequeo a sus servicios”

–¿En qué cambios se hace especial hincapié?

–Principalmente, en los nuevos requisitos planteados por la instrucción técnica complementaria MI-IP 04, incluida en el Real Decreto 706/2017, y que afecta a las estaciones de carburantes que distribuyen al por menor, cuya modalidad autoservicio cuenta con un fuerte arraigo en las zonas rurales. En concreto, el cuestionario planteado por Cooperativas Agro-alimentarias insiste en los cambios relativos a los plazos de inspección, ahora más cortos. De ahí la importancia de comprobar la fecha de las últimas revisiones. Para evitar ser sancionadas, la federación recuerda que en todos los casos se reducen los tiempos. Las inspecciones globales, por ejemplo, deberán ejecutarse cada cinco años, y no cada diez como se venía haciendo hasta ahora, a partir de la fecha de caducidad de la última revisión. En cuanto al control de los sistemas de detección de fugas, las revisiones pasan a hacerse cada año, en vez de cada lustro. Por otro lado, la prueba inicial de estanqueidad de las tuberías se hará cada cinco años, la mitad de tiempo que antes; mientras que la prueba periódica será cada tres, frente a los cinco que eran habituales.

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–En cuanto al consejero de seguridad, ¿qué papel desempeña?

–Esta figura se encarga fundamentalmente de analizar, asesorar y emitir informes en lo relativo a las operaciones de porte, carga y descarga de mercancías peligrosas que haga una cooperativa, ya sean carburantes o productos químicos para tratamientos fitosanitarios, entre otros. Hace cuatro años, la federación incorporó esta figura a sus servicios a fin de ayudar a las entidades federadas a ser rigurosas con el cumplimiento del Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero, por el que se regulan las operaciones de transporte de mercancías peligrosas por carretera y en el que se recoge la figura del consejero de seguridad como un imperativo legal.

–Hasta la fecha, ¿qué resultados se han obtenido?

–El principal hito ha sido mejorar los índices de cumplimiento y hacer de las cooperativas agroalimentarias un referente en seguridad industrial. Podemos concluir que los servicios de inspección son un éxito, ya que hemos reducido a cero las sanciones por incumplimiento. Con la aplicación de los “checklists” hemos conseguido que todas las instalaciones de suministro estén al día, tanto en inspecciones como en las revisiones periódicas obligatorias. Además, se está elaborando un calendario personalizado de avisos para que no se pasen los plazos de renovación. De igual manera, gracias a la incorporación del servicio de consejero de seguridad, nuestras cooperativas no han incurrido en ninguna infracción sancionable.

"Las nuevas exigencias del reglamento obligan a reforzar la figura del consejero de seguridad“

–¿Tienen en marcha otros proyectos para impulsar la seguridad?

–Del mismo modo, con el apoyo y la implicación de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo estamos desarrollando otras iniciativas para mejorar la seguridad y la competitividad de las secciones de suministro de las cooperativas agroalimentarias. Así, dentro del Programa de Apoyo a la Promoción y el Desarrollo de la Economía Social para el Empleo, se está ejecutando un proyecto que contempla el diseño e implementación de un software en las estaciones de servicio de carburantes de las cooperativas y cumplir con las directrices marcadas en el Real Decreto 706/2017, por el que se aprueba la nueva instrucción técnica MI-IP 04, que afecta a las estaciones calificadas como “desatendidas”, cuya presencia prevalece en el medio rural.