La Voz Invitada

El Medio Ambiente en Andalucía: una reflexión necesaria

  • Andrés García Lorca analiza el valor y el encaje político que se ha dado a esta materia

Molinos generadores de energía eólica. Molinos generadores de energía eólica.

Molinos generadores de energía eólica.

Para el sector agrario, es fundamental la conceptualización del medio ambiente y su desarrollo político, pues condiciona fuertemente los usos del suelo, la conservación y la pervivencia de los recursos naturales necesarios para su funcionamiento, e incluso las formas de vida ligadas a su explotación.

No se puede negar el carácter pionero en la consideración política e institucional del medio ambiente, como uno de los fundamentos de la acción del gobierno y de la gestión territorial de Andalucía, desde sus orígenes como comunidad autónoma y dentro del esquema territorial, político e ideológico que definiera la Constitución Española de 1978.

Muy tempranamente, en el año 1979, con el 2º gobierno preautonómico de Andalucía se crea una Consejería de Medio Ambiente que, posteriormente, se transforma en una agencia (AMA) con dependencia directa del presidente de la Junta de Andalucía; pero no será hasta 1994, cuando se configure plenamente como una consejería propia del Gobierno de Andalucía.

Con posterioridad tuvo un recorrido complejo y no exento de cierto debate, pues una vez aparece incluida con Cultura (1990/94), otras con Agricultura y Pesca (1994/2012), y más recientemente con Ordenación del Territorio (2013/2019).

Este proceso responde a unas claves de gobierno, a un discurso ideológico y a la conceptualización del término medio ambiente. No olvidemos que, el surgimiento de la preocupación en España por el medio ambiente, tiene lugar a comienzos de la década de los setenta, no mucho más tarde que en la generalidad de los países europeos occidentales y supone la consagración del valor medioambiental, como bien jurídico merecedor de protección al más alto nivel.

En aquellos momentos, los más concienciados, pensaban y manifestaban que no era posible comprender bien el mundo, si habíamos roto las relaciones entre el hombre y la naturaleza. Entendían, que la visión de la sociedad sobre el mundo era parcial, fragmentaria; no había una visión holística e integradora del hombre con el medio en que vivía; no se establecía una relación armónica entre necesidades y recursos como en un principio de la humanidad existía.

Relaciones de dominio

Pensaban, que a ello había contribuido el crecimiento anárquico de la técnica y de la ciencia, junto a la pérdida de los valores morales y sociales. Todo ello había propiciado un mundo, en donde las relaciones de cooperación estaban superadas por las relaciones de dominio, favoreciendo la apropiación desequilibrada de los bienes y recursos, generando situaciones de desigualdad y en consecuencia marginalidad y pobreza. Se había roto con la ética social y con la ética de la naturaleza, por lo que era necesario restablecer ese equilibrio.

En este contexto ideológico se construye toda la arquitectura jurídica y operativa para garantizar y desarrollar, el cumplimiento de la declaración constitucional expresada en los artículos 15, 45 y 132 de nuestra norma suprema. Si bien el Estado se reserva competencias legislativas y ejecutivas básicas, la Comunidad Autónoma de Andalucía, inicia su desarrollo competencial, creando los distintos instrumentos normativos y administrativos que permitieran, bajo su punto de vista y control, la protección y disfrute del medio ambiente por parte de la ciudadanía. Este matiz de subjetividad, en el desarrollo normativo y administrativo, ha sido clave a la hora de entender el desarrollo de la política medio ambiental en Andalucía. Unido a ello, se genera un complejo institucional técnico y administrativo para desarrollar las normas, su aplicación y control.

Avances

Si bien en estas pasadas décadas, no podemos dejar de valorar los importantes logros alcanzados en la protección y conservación ambiental en Andalucía, la realidad de su actuación política genera opiniones muy encontradas, las cuales, vienen determinadas por un escaso rigor técnico en la formulación de los ámbitos territoriales de protección; en otros casos, han sido las realizaciones fraudulentas que se han venido desarrollando bajo el paraguas de la protección y conservación del medio ambiente, sin olvidar los excesos de la burocracia administrativa.

Estas causas que, podemos ejemplificar con realidades vividas, son las que han restado credibilidad a muchas de las actuaciones emanadas desde el Gobierno andaluz. Como tampoco podemos olvidar, la utilización de los sistemas de control legal relacionados con el medio ambiente, como instrumento de control político.

Es por todo ello que se imponga una necesaria reflexión, en orden a volver a recuperar el espíritu y el desarrollo del concepto constitucional que tiene la consideración el medio ambiente; pues a nadie se le puede ocultar que, el desarrollo de la política institucional de los gobiernos socialistas en materia de medio ambiente, independientemente de los logros alcanzados, ha estado plagada de contradicciones, incoherencias y sectarismo; lo que ha provocado un alejamiento, e incluso enfrentamiento, entre la administración y los administrados; hasta tal punto que, para muchos ciudadanos, no deja de ser una nueva forma de inquisición.

“Hay que volver a una adecuada política de sensibilización social sin demagogias”

En la actualidad, el paradigma conceptual parece que ha cambiado; el Medio Ambiente aparece inscrito dentro de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, como una secretaria general en la que se incluye Agua y Cambio Climático.

La lógica de este nuevo paradigma, parece contemplar una perspectiva en la que el medio ambiente es un aspecto de la conceptualización del desarrollo sostenible, junto con la eficiencia productiva y la equidad social que, en definitiva, constituye la base ideológica de las concepciones de los años noventa del SXX, pero expresadas de otra forma.

Lógicamente este esquema deberá traducirse y hacerse realidad, entonces podremos juzgar si hay una adecuación entre la realidad política declarada y la acción de gobierno realizada.

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