Ley de Integración

Cooperativas prioritarias, un registro poco frecuentado

  • Sólo tres entidades han logrado alcanzar los requisitos de facturación y tamaño requeridos. En el sector hay cierto desánimo al no haberse concretado aún las ayudas anunciadas.

Dos años después de que se abriera la puerta para inscribirse en el registro de cooperativas prioritarias, y con ello poder acceder a ayudas específicas que se cifraron en más de 400 millones de euros, sólo tres cooperativas han logrado obtener esta calificación: Ovispain, Dcoop y Grupo AN. Y es que en la pura realidad esas ayudas y subvenciones no existen de momento. Ahora mismo, en Andalucía, tampoco se está preparando ninguna nueva alianza con este objetivo, según reconocen desde Cooperativas Agroalimentarias y achacan esta inactividad a cierta frustración con una ley y un plan estatal que había levantado muchísimas expectativas.

Agustín González, consejero delegado de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, recuerda las muchas esperanzas que generó la aprobación en 2013 de la Ley de Fomento de Integración Cooperativa, que "fue aprobada en las Cortes con 346 votos a favor -todos los presentes- y cero votos en contra, algo casi inédito en España". Y es que, como explica González, "todo el mundo estaba de acuerdo en la necesidad de que las cooperativas en España ganaran dimensión".

Los datos que se manejaban en 2013 no son sin embargo muy distintos de los actuales. Lo que llevó a todos los diputados a votar a favor de esa Ley de Integración Cooperativa era que ninguna cooperativa española estaba entre las 25 más grandes de la Unión Europea; la mayor cooperativa europea facturaba más de 11.000 millones de euros en 2013 y la mayor de España apenas superaba los 900 millones; veintiocho cooperativas de Dinamarca tenían una facturación similar a la suma de todas las cooperativas españolas; 2.400 cooperativas francesas facturaban más de tres veces la cifra de las españolas; y la facturación media en el conjunto del cooperativismo agroalimentario en España era de 6,7 millones de euros, en contraposición con la media de 380 millones de euros de las 10 más grandes de la Unión Europea. Sin embargo, en España hay casi 4.000 entidades asociativas agrarias, con una facturación superior a los 25.000 millones de euros y que cuentan con más de un millón de socios y mantienen cerca de 100.000 empleos directos, por lo que representan un sector básico en el entramado productivo, industrial y comercializador de la cadena agroalimentaria.

Uno de los instrumentos básicos que contemplaba la ley era la figura de unas Entidades Asociativas Prioritarias y para estas entidades se aprobó en junio del año pasado un Real Decreto que establecía las bases reguladoras para la concesión de ayudas "a inversiones materiales o inmateriales en transformación, comercialización y desarrollo de productos agrarios, en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020 para el fomento de la integración de entidades asociativas agroalimentarias de carácter supraautonómico".

Estas ayudas a las inversiones de Entidades Asociativas Prioritarias, en el marco de la programación nacional de desarrollo rural, se supone que están dotadas en 2016 con 23.882.332 euros. De esa cantidad un total de 12.657.636 euros proceden del Feader (53%) y 11.224.696 euros de los Presupuestos Generales del Estado (47%).

Sin embargo, Agustín González no duda en afirmar que a día de hoy -y pese a que se supone que había ese dinero programado- no hay ninguna ayuda disponible a nivel nacional ni autonómico: "Nada".

Los planes de desarrollo rural -tanto el estatal como los autonómicos- están aprobados por Bruselas y sus órdenes de ayudas están siendo desarrolladas por las administraciones, por lo que aún no se conocen en detalle cómo serán las convocatorias de cada una. Pese a ello, Agustín González dice que por algunas conversaciones y borradores que se han manejado hay decepción en lo que a las cooperativas prioritarias se refiere. "Las expectativas que había se han venido abajo".

Enrique de los Ríos, gerente de Unica Group - cooperativa de segundo grado almeriense de frutas y hortalizas que está a punto de firmar un acuerdo de integración con la navarra AN, que ya está registrada como entidad prioritaria- no tiene la misma opinión que González sobre esa "frustración" por la falta de ayudas. De los Ríos confía en que, aunque esas ayudas aún no se hayan materializado, "saldrán antes o después". "Nosotros -afirma- seguimos ilusionados".

En cualquier caso, el gerente de Unica Group, considera -y en esto coincide con Agustín González- que "las ayudas en definitiva no son nada más que un caramelo, un acicate: lo importante es estar juntos y ser más fuertes".

Lo cierto es que en estos años sólo las tres entidades mencionadas -Ovispain, Dcoop y AN- han logrado reunir las condiciones necesarias para entrar en el registro de las entidades prioritarias, y que los múltiples movimientos de integración que surgieron en un principio se han calmado.

Agustín González, además de consejero delegado de Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía, es presidente de la cooperativa onubense Ovipor, que está integrada en Ovispain con parte de su producción, y en Dcoop, con otra parte -la de caprino y bovino-, o sea, en dos de las tres prioritarias que existen a día de hoy. Por eso, González asegura que "desde este ángulo, lo que se ve es que la integración es en sí misma una necesidad para las cooperativas, para ganar peso y desenvolverse mejor en el mercado; para poder desarrollar I+D y sobre todo para poder transformar nuestros productos y ganar valor añadido, algo en lo que en Andalucía estamos muy por debajo de la media nacional". Pero los posibles beneficios de la declaración de entidad prioritaria no le provocan nada más que dudas. "Está por ver para qué".

En cualquier caso, la integración cooperativa lucha con muchos problemas: desde "el individualismo de los españoles", que como dice González, prefieren la mayor parte de las veces ser "cabeza de ratón que cola de león". a las dificultosas condiciones que pone el Real decreto para poder acceder al registro de "prioritarias". Estas dificultades vienen sobre todo por los volúmenes mínimos de facturación que se requieren y que cambian según las producciones, si son cooperativas de primer o segundo grado, etc. Por ejemplo, en el caso del aceite se requiere una facturación mínima de 500 millones de euros, igual que en el de las frutas y hortalizas. Además se exige que sean transautonómicas o que concentren toda la producción de sus socios.

Estos requisitos han impedido, por ejemplo, el buen término de algunos intentos de integración, como fue el de Oleoestepa con Agrosevilla, ya que al considerarse en el reglamento por separado la aceituna de mesa y el aceite, no alcanzaban la facturación mínima.

Y sin embargo, a Enrique de los Ríos los mínimos de facturación exigidos le parecen adecuados en cuanto que "lo que se pretende es estimular la creación de grandes cooperativas". Para el gerente de Unica Group, las dificultades de la integración no vienen tanto por esos límites como por ese individualismo del que habla también González y que De los Ríos achaca más a gerentes y presidentes que a los propios cooperativistas, que "estarían en general encantados de estar en una entidad que facture miles de millones".

Lo cierto es que la determinación de esos niveles de facturación provocó mucha controversia en el seno de la organización de cooperativas puesto que el Ministerio en este caso fue dialogante y consensuó con ellos el reglamento.

En definitiva, como dice Agustín González, en Dinamarca no tienen ninguna ley cooperativa y sus mayores empresas agroalimentarias son grupos cooperativos que facturan más de 10.000 millones y son transnacionales, abarcando cinco o seis países.

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