Aunque ya lo han dicho por activa y por pasiva y desde todos los ámbitos de Asaja-Andalucía, la pasada semana el director general de la organización agraria, Vicente Pérez, reiteró en el Parlamento andaluz, ante la Comisión de Agricultura, el rechazo a la Ley de Agricultura y Ganadería de Andalucía.

Considera que no es necesaria, no ha sido pedida por el sector y supondrá un aumento de la burocracia en un sector “sobrerregulado” que necesita justo lo contrario, más simplificación.

El director general de Asaja-Andalucía expuso a los grupos parlamentarios que, si no modifican profundamente la Ley en la fase de enmiendas, no contarán con el respaldo de los agricultores y ganaderos e instó a retirar en esta fase de enmiendas parlamentarias al menos tres artículos y a revisar el régimen sancionador, para no incurrir en una doble o triple imposición de sanciones.

"El contrato territorial es una figura fallida contraria a la simplificación normativa tan demandada por todos los agricultores y ganaderos"

Vicente Pérez considera que el texto tiene carácter expropiatorio y confiscatorio en sus artículos 29 y 42 y rechazó la implantación de los contratos territoriales recogido en el artículo 32, por ser “una figura fallida contraria a la simplificación normativa tan demandada por todos los agricultores y ganaderos”.

En su comparecencia denunció que “resulta gravísimo que la nueva Ley, amparándose en estas denominadas zonas de protección agraria pretenda prohibir determinados aprovechamientos o limitar la capacidad productiva de los agricultores, lo que supone un ataque a, la libertad de empresa, que recuerda a la vieja Ley de Reforma Agraria”.

Régimen sancionador

Respecto al régimen sancionador, el director general de Asaja-Andalucía pidió su revisión, puesto que tal como el dictamen del CES recoge, en coincidencia también con las alegaciones de Asaja-Andalucía, los incumplimientos referidos en la Ley ya están sancionados por la Política Agraria Común.

Por su lado, Asaja-Cádiz ha dejado constancia de su apoyo expreso a Asaja-Andalucía en su rechazo a la Ley de Agricultura que se tramita en el Parlamento.