La provincia onubense cerró el mes de septiembre con la segunda tasa de víctimas de violencia de género más elevada de España: 27,7 de cada 10.000 mujeres de nuestro territorio sufría en sus carnes esta lacra, como recoge en su estadística trimestral de Violencia sobre la Mujer el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Solo Baleares supera a Huelva, con un índice de 28,4 sobre 10.000, mientras que la media nacional se ubicó en 17,2.

La tasa onubense bate récords también en Andalucía, donde fue la más abultada entre julio y septiembre. Le siguen Almería, con 27,3; Granada, con 24,4; y Málaga, con 22,5 víctimas por cada diez mil mujeres. En el lado opuesto están Córdoba, con 12,1; Sevilla, con 15,7; Jaén, con 18,1; y Cádiz, con 19.

Las voces expertas alientan a las perjudicadas a denunciar el infierno que viven en sus hogares como herramienta eficaz para combatirlo. Y en Huelva el llamamiento surte efecto. Porque las onubenses son las segundas que más exponen estas situaciones en Andalucía, con 14 denuncias por cada 10.000 habitantes, superadas únicamente por la tasa de 15,2 almeriense. Las mujeres que menos delatan a sus maltratadores son las sevillanas, donde la tasa se queda en 8 por cada 10.000 ciudadanos.

Como consta en la estadística del CGPJ analizada por Huelva Información, se contabilizaron 732 víctimas de la violencia de género en la provincia en el tercer trimestre del año, seis más que en el mismo plazo de 2019. El 64,5% de ellas es de nacionalidad española (472), frente al 35,5% (260) que la tiene extranjera. Además, dos menores también damnificados por la violencia machista tuvieron que ser tutelados por la Junta de Andalucía.

El desglose por partidos judiciales deja 301 víctimas en el de Huelva (288 españolas y 13 extranjeras); 186 en el de Ayamonte (40 españolas y 146 extranjeras); 99 en el de Moguer (43 españolas y 56 extranjeras); 83 perjudicadas en el de La Palma del Condado (40 españolas y 43 extranjeras); 52 en el de Valverde del Camino (51 españolas y una extranjera); y 11 en Aracena, con diez españolas y una extranjera.

El grueso de las denuncias procede de atestados policiales, 666 que significaron el 91% del total. De ellas, 593 fueron interpuestas directamente por las perjudicadas en comisaría o en un puesto de la Guardia Civil, mientras que otras 71 (el 9,7%) se produjeron por intervención policial directa. Solo en dos casos fueron familiares o allegados de las víctimas los que presentaron directamente una denuncia, lo que muestra la escasa implicación del entorno de las perjudicadas a la hora de evidenciar este tipo de violencia.

Los órganos judiciales conocieron además de otros 58 asuntos a través de los partes de lesiones que les remitieron los sanitarios; y de otros siete, mediante los servicios de asistencia o por terceros en general.

Por delitos ingresados, los más numerosos son los de lesiones y malos tratos (558). Resulta llamativo que el segundo más habitual sea el de quebrantamiento de condena, con 97 expedientes, lo que indica que el maltratador se ha saltado a la torera lo sentenciado por el juez o el tribunal de turno.

Otras 17 denuncias se centraban en el quebrantamiento de medidas de protección a la víctima. La nómina delictiva la completan 38 asuntos contra la libertad y cinco contra la libertad e indemnidad sexual de la denunciante.

Entre el 1 de julio y el 30 de septiembre pasados se solicitaron en Huelva 213 órdenes de protección, 204 incoadas por la propia víctima y nueve por parte de la Fiscalía. De ellas, los tribunales concedieron 166 (ocho de cada diez), mientras que otras 47 fueron denegadas. De los datos del CGPJ se infiere que, en todos los casos, las solicitantes eran adultas y no hubo ninguna menor de edad.

Entre las medidas judiciales de protección y seguridad de las víctimas, se establecieron 284 de naturaleza penal: 151 medidas de alejamientos, 109 prohibiciones de comunicación, 19 suspensiones de tenencia/ uso de armas, una prohibición de volver al lugar del delito y cuatro privativas de libertad para el maltratador.

La estadística del órgano de gobierno de los jueces de España se detiene también en las personas enjuiciadas en el periodo de nueva normalidad del pasado año: fueron 133 hombres, el 8,3% menos que en el ejercicio precedente.

Los condenados ascendieron a 119, el 89,5% de los que se sometieron a un juicio; solo 14 fueron absueltos (el 10,5%). Y ahí también tienen su peso los casos en que la víctima se acogió a la dispensa a la obligación de declarar como testigo contra su agresor, coyuntura que se produjo en once procedimientos en el trimestre cuando en idéntico plazo de 2019 apenas fueron cuatro (casi el triple).