El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) propondrá en breve reformar la Ley de Dependencia y fijar criterios "más justos" en relación con la capacidad económica y la participación en el coste de las prestaciones por parte de las personas beneficiarias. Para el Cermi "resulta urgente e imprescindible" modificar la ley para establecer criterios "más claros, justos e iguales en relación con la capacidad económica y la participación en el coste de las prestaciones de autonomía personal y atención a la dependencia por parte de las personas beneficiarias, mujeres y hombres con discapacidad y de edad avanzada". El comité solicita la exención de aportación por debajo de un determinado umbral de capacidad económica (2,5 veces el indicador público de renta de efectos múltiples); la limitación máxima en la participación, que quedaría fijada en el 60 % del precio de referencia del coste del servicio, o la seguridad de un mínimo para gastos personales, que no sería inferior al 40% de la capacidad económica. 

En el Día Internacional y Europeo de las personas con discapacidad, el Cermi ha anunciado que pondrá en marcha una iniciativa legislativa popular (ILP) en este sentido en los próximos meses cuando recabe las 500.000 firmas de ciudadanos necesarias para llevar esta propuesta de cambio legal a las Cortes Generales para su aprobación. El comité hace un llamamiento al conjunto de la sociedad española para solidarizarse con estos objetivos que plasma en su manifiesto con motivo de esta conmemoración, que encabeza con este lema: "No al copago confiscatorio, que expulsa a las personas con discapacidad y sus familias de la protección y los derechos sociales. Por la reforma de la ley de la dependencia". 

De acuerdo al manifiesto, la promulgación de esta ley "debió suponer un avance significativo en la extensión e intensificación de los derechos sociales de amplias capas de la población", como "derecho subjetivo" e "inauguró una nueva forma de concebir y aplicar las políticas sociales que generó enormes expectativas en todo el tejido social". Pero, según el Cermi, durante los siete años que han pasado desde su aprobación, el despliegue de este nuevo sistema de protección se ha enfrentado a un sinfín de vicisitudes". Entre ellos cita "la crisis económica y social, que ha inducido a aplicar feroces políticas de recorte de gasto público, en combinación con otros múltiples factores políticos, sociales y de gobernanza del sistema". 

Uno de los aspectos que ha generado más controversia según el comité ha sido lo relativo al copago, que, a su juicio, "más que invitar a ejercer el derecho subjetivo, expulsaba a las personas mayores y a las personas con discapacidad destinatarias naturales del sistema".