El PSOE limitará la retirada de los crucifijos a los colegios públicos

  • ERC, la formación impulsora de la proposición no de ley, asegura que "afecta a todos los centros" · El PP y CiU muestran su rechazo a la iniciativa por motivos culturales y constitucionales

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La proposición no de ley aprobada el pasado miércoles en el Comisión de Educación y Deporte del Congreso de los Diputados sobre la retirada de los crucifijos en los centros escolares, en virtud a una sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo y gracias a los votos del PSOE, ERC y el BNG -PP y CiU la rechazaron-, desató ayer una avalancha de manifestaciones en contra y a favor de la iniciativa, y una polémica sobre el contenido de la iniciativa entre socialistas y republicanos.

De entrada, entre los propios votantes surgió la polémica sobre si la iniciativa afectaba sólo a los colegios públicos o a todos los centros escolares. El portavoz socialista en el debate, el malagueño Luis Tomás, declaró que la proposición no de ley se refiere "en principio, a los centros públicos", e insistió en que el PSOE "no ha debatido, ni tiene un pronunciamiento" sobre si la retirada de los símbolos religiosos afecta a los colegios públicos, privados o concertados.

El diputado malagueño, que subrayó la "importante modificación" que introdujo el PSOE en el texto inicial presentado por ERC, apuntó que "el Gobierno entenderá cuál es la mejor interpretación" de la sentencia del Tribunal de Estrasburgo y "arbitrará medidas" para llevarla a cabo "previo debate parlamentario".

Por contra, el portavoz de ERC en el debate de la Comisión, Joan Tardà, insistió en que la proposición no de ley aprobada afectaba "a todos los colegios", y señaló que el primer escalón será la escuela pública pero que la medida alcanzará a todos.Tardà insistió en que durante la negociación de la enmienda transaccional con el PSOE "quedó claro, y el PSOE era muy consciente" de que la medida afectaría "a todos los centros escolares". "Todos sabíamos lo que votábamos", sentenció.

En el seno del PSOE, la mayoría se inclinó por limitar la iniciativa a los colegios públicos en la línea expresada por Tomás. Así, el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, la circunscribió a los colegios públicos y recalcó que, en cualquier caso, serviría para darle celeridad a la Ley de Libertad Religiosa. En este sentido, defendió la aconfesionalidad del Estado aceptando el artículo 16 de la Constitución, que obliga a respetar las creencias religiosas de los ciudadanos.

La secretaria de Organización, Leire Pajín, también se mostró convencida de que la retirada de los crucifijos sólo afectaba a los colegios públicos. En este mismo sentido se pronunció el presidente de la Comisión de Justicia, Álvaro Cuesta, que defendió incluso que los centros concertados tienen "pleno derecho para desarrollar su ideario".

Sin embargo, el ex vicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra y el ex alcalde de Madrid Juan Barranco se mostraron convencidos de que la retirada de símbolos religiosos debe afectar a todos los colegios.

En el seno del PP, su secretaria general, María Dolores de Cospedal, en declaraciones a la COPE, acusó al Gobierno de "falta de responsabilidad" por entender que la retirada de crucifijos sólo servirá para dividir a la sociedad. El vicesecretario general de Comunicación de los populares, González Pons, declaró que los socialistas han ido "demasiado lejos" porque, en su opinión, el crucifijo "va más allá del hecho religioso".

El portavoz de CiU en la Cámara Baja, Josep Antoni Duran i Lleida, se mostró preocupado por "este primer paso", y rechazó la iniciativa no por motivos religiosos sino constitucionales. A su juicio, la propuesta va en contra de la libertad de enseñanza y de la libertad de los padres a educar a sus hijos en función de sus convicciones morales y religiosas.

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