Implantada en Valencia la primera pulsera de localización de maltratadores

  • Un juez consideró las circunstancias especiales de riesgo en las que se encontraba la víctima.

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El primero de los 3.000 dispositivos GPS para la localización de maltratadores con orden de alejamiento, impulsados por los ministerios de Igualdad, Interior y Justicia, ha comenzado a funcionar en la provincia de Valencia. Allí, un juez decidió imponer a un hombre esta medida accesoria por las circunstancias especiales de riesgo en las que se encontraba la víctima. La siguiente pulsera de localización se colocará en Badajoz.

Estos dispositivos de detección de proximidad se utilizan para velar por el cumplimiento de las órdenes de alejamiento y se impone por orden judicial en los casos en que se estima un riesgo especialmente elevado para la víctima. Gestionados por el consorcio Securitas Direct-Telefónica, están a disposición de los juzgados de todo el territorio nacional desde el pasado 24 de julio, fecha en la que entraron en vigor.

Según confirmaron fuentes del Ministerio de Igualdad, la primera de estas pulseras se ha colocado en Valencia. A este dispositivo le sucederá un segundo solicitado por otro juez de la provincia de Badajoz, que entrará en funcionamiento en las próximas horas. No obstante, Igualdad no ha querido facilitar más detalles sobre el agresor al que se le ha impuesto la medida ni sobre el juez que la ha dictado. Y es que entendía que se podía poner en peligro la intimidad y la seguridad de la víctimas y, por lo tanto, la efectividad del sistema.

Este sistema conecta al supuesto agresor y a la mujer con un centro de control único y operativo las 24 horas al día todos los días del año. Allí, personal cualificado atiende las incidencias y traslada la información a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tanto si se trata de una incidencia técnica como si se da un caso de emergencia.

En el Centro de Control las alertas están clasificadas atendiendo a su gravedad. Además de recibir información a tiempo real sobre la ubicación geográfica de agresor y víctima, detecta y demarca las zonas de exclusión -aquellas a las que no puede acercarse el agresor por orden judicial- como las de inclusión -aquellas en las que se supone que debería estar en momentos determinados- para controlar el acceso el inculpado a las mismas.

En cuanto a su funcionamiento, tanto el inculpado como la víctima se equipan con un dispositivo. En el primer caso, se trata de un brazalete ajustable a la muñeca o el tobillo que funciona como transmisor de radiofrecuencia y que lleva aparejado un dispositivo de rastreo GPS. El transmisor envía señales al centro de control para verificar que el inculpado lleva consigo el localizador y es capaz de activar una alarma en el momento de coincidir a menos de 500 metros con el dispositivo de la víctima. 

El brazalete, acuático, va equipado con un sistema de seguridad que activa una alarma si el inculpado intenta quitárselo o manipularlo. También avisa al Centro de Control si se separa del transmisor de radiofrecuencia o si a la batería del mismo, de unos 6 meses de duración, le quedan menos de diez días de autonomía. 

Por su parte, el equipo de la víctima, parecido a un teléfono móvil, permite la comunicación de voz y datos con el Centro de Control, incluye un sistema de localización geográfica por GPS, un botón de pánico para activar en casos de emergencia y un dispositivo de radiofrecuencia que detecta la proximidad del agresor para advertir tanto la víctima como al centro si éste se acerca.

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