Argentina despenaliza el consumo personal y privado de marihuana

  • La Corte Suprema de Justicia señala que el consumo de esta sustancia en el ámbito de la intimidad está protegido por el artículo 19 de la Constitución argentina

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La Corte Suprema de Justicia  argentina dictó una despenalización parcial del uso de  estupefacientes, al declarar "inconstitucional" penar el consumo de  marihuana si está limitado al ámbito privado, a mayores de edad y sin  implicar riesgos para terceros.  

El fallo señala que el consumo de marihuana en el ámbito de la  intimidad está protegido por el artículo 19 de la Constitución  Nacional, que establece que "las acciones privadas de los hombres que  de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen  a un tercero, están sólo reservadas a Dios y exentas de la autoridad  de los magistrados".  

La resolución de la Corte Suprema tiene sin embargo un alcance  limitado, ya que sólo comprende al consumo de marihuana y en casos de  "escasa cantidad", aunque no precisó a cuánto se refiere.      

Los ministros de la Corte instaron en tanto "a todos los poderes  públicos a asegurar una política de Estado contra el tráfico ilícito  de estupefacientes y a adoptar medidas de salud preventivas, con  información y educación disuasiva del consumo". Estas políticas deben  apuntar en especial a "los menores" con el fin del "dar adecuado  cumplimiento a los tratados internacionales de derechos humanos  suscriptos en el país", subrayon los magistrados.  

 La Corte Suprema se pronunció así en particular sobre el  denominado caso "Arriola", en el que dos vendedores de drogas fueron  condenados pero cinco consumidores que les habían comprado, y  portaban cada uno entre uno y tres cigarrillos de marihuana en sus  bolsillos, quedaron exceptuados de penalización.      

En este caso en particular "no había peligro para terceros, ni  adicción demostrada, ni evidencia alguna acerca de que tuvieran  intenciones de comercializarla", indica el texto que declara la  inconstitucionalidad de un artículo de la ley 23.737 de drogas, que  castiga con un mes a dos años de prisión la tenencia para consumo  personal de escasa cantidad de droga.  

La resolución de la Corte Suprema es respaldada por el gobierno  argentino, que apunta a concentrar los recursos en el combate al  narcotráfico.  

Esta mañana, antes de conocerse el fallo, el jefe del Gabinete,  Aníbal Fernández, sostuvo que "la política represiva que inventó la  administración Nixon (en los Estados Unidos) y que se la vendió a (el  ex ministro de Bienestar Social José) López Rega con muchísimas  ganas, y que López Rega se encargaba de castigar al usuario como si  fuese un narco, está teniendo su fin por razones obvias: no ha  reducido una sola hectárea de cultivos en ningún lugar del mundo y no  ha reducido una sola de las redes de comercialización y tráfico de  drogas en ningún lugar del mundo".  

"Vamos a insistir con nuestra propia política, a través de una  lucha despiadada contra el narcotráfico. Los que venden basura para  envenenar a nuestros pibes (niños), tienen que ser castigados con  toda la dureza que el Estado pueda", señaló el jefe de ministros.  

La resolución de la Corte Suprema abriría en tanto las puertas a  que el comité científico para la reforma legislativa en materia de  control del tráfico ilícito de estupefacientes presente anteproyectos  que modifiquen las leyes argentinas sobre penalización del consumo de  drogas.  

La coordinadora de este comité, la fiscal Mónica Cuñarro, se  manifestó a favor de la despenalización. "Yo como fiscal no quiero  perseguir adictos, quiero perseguir traficantes y quiero que haya  campañas de prevención de parte del Estado", declaró a dpa.  

El abogado constitucionalista Félix Loñ coincidió en que "hay que  combatir al narcotráfico pero no al consumidor, que es una víctima".  Pero alertó que "el adicto no decide libremente si consume o no", por  lo cual consideró imprescindible una política de salud pública que  atienda sus necesidades.  

La Iglesia católica se expresó en cambio en contra de la  despenalización. El responsable de la Comisión Nacional para la  Pastoral de Adicciones, el obispo de Gualeguaychú Jorge Lozano,  manifestó al canal noticioso TN que "hay que dificultar el acceso y  el consumo, no facilitarlo".

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