La buena salud, garantizada por ley

  • La Junta de Andalucía ha comenzado el trámite de la nueva ley de salud pública, que ahora está en periodo de alegaciones · El texto vela por la promoción de los hábitos de vida saludables y la prevención de enfermedades

El pasado mes el Consejo de Gobierno conoció el anteproyecto de ley de Salud Pública de Andalucía e inició su tramitación. Ahora, está a punto de finalizar el periodo de alegaciones y después comenzará su debate y posterior votación.

Esta nueva ley cambiará radicalmente el concepto de salud pública. Hasta hoy, se dedicaba al control de las enfermedades para prevenir su propagación pero ahora evoluciona y se inclina a la promoción, prevención de las enfermedades y protección de la salud. Así, esta protección y mejora de la salud y de la calidad de vida de la población se garantizará por ley reduciendo las desigualdades sanitarias y procurando que las personas compartan los avances en salud. En definitiva, un nuevo concepto de salud pública moderno, innovador y transparente.

Entre sus contenidos, se amplían los tradicionales ámbitos de actuación (salud ambiental, laboral y seguridad alimentaria) a otros como la preservación de un entorno físico para el desarrollo de una vida saludable que afecte a los espacios públicos donde se desenvuelve la vida humana o el contemplar la protección ante otros riesgos y fuentes de peligro derivados de un nuevo contexto social donde nos movemos.

La ley está estructurada en siete títulos: ciudadanía y salud pública, gobernanza en salud pública, acciones en salud pública, recursos, I+D+i y régimen sancionador.

En definitiva, se trata de dar más protagonismo al ciudadano y asegurarle derechos y políticas que buscan mejorar su estado de salud y prevenir la enfermedad.

Como curiosidad, se regula por el derecho de los ciudadanos a disfrutar de zonas verdes donde se puede realizar ejercicio físico en las ciudades o que en la construcción de las viviendas se utilicen materiales que no supongan riesgo para la salud. Además, los ciudadanos tendrán derecho a conocer el estado de salud de la población de su entorno y a participar en las políticas preventivas.

La ley incluye una estrecha colaboración con las entidades locales, que serán las encargadas de gestionar los programas de protección de la salud y velar por su cumplimiento.

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