ESTA semana hemos conocido la aprobación por parte del Gobierno de Andalucía del anteproyecto de Ley para la Promoción de una Vida Saludable y una Alimentación Equilibrada, que establecerá las bases de las políticas contra la obesidad en Andalucía.

Es una respuesta necesaria ante un problema relevante para la salud de millones de personas porque hay que señalar que la obesidad es hoy un enorme problema de salud pública que afecta actualmente al 18,7% de la población adulta y al 22,5% de los menores. Y es un problema bastante generalizado en las sociedades desarrolladas hasta el punto que es una verdadera preocupación de la Organización Mundial de la Salud.

De hecho, el anteproyecto de Andalucía sigue sus recomendaciones esenciales en el sentido de implicar a la sociedad en su conjunto, sobre todo administraciones públicas, sectores empresariales, medios de comunicación y empresas de publicidad. Es bien importante para la salud pública de nuestro país que haya una iniciativa pionera como esta de la Comunidad Autónoma de Andalucía ya que estoy convencido que ello va a marcar el futuro trabajo de las instituciones españolas en esta materia de lucha frente a la obesidad. La obesidad es un problema de salud pública no sólo por su dimensión cuantitativa (afecta a cada vez mayor número de personas) sino también por sus implicaciones cualitativas. Me refiero a que además de ser un problema relevante en el ámbito de la infancia, sabemos fehacientemente que la obesidad es clave en el desarrollo de numerosas patologías que conllevan daños relevantes en la salud de las personas afectadas.

Y dado que la obesidad es un fenómeno que tiene una posibilidad potencial de prevención, es más que evidente que se hace necesario un esfuerzo colectivo de prevención.

Y en el caso de aquellas personas que padecen obesidad o trastornos de la conducta alimentaria, es muy importante señalar que el anteproyecto reconoce el derecho a una atención sanitaria integral y continuada, así como al pleno respeto a su dignidad personal y a la no discriminación social, laboral o sanitaria por razón de su problema de salud.

La lucha frente a la obesidad requiere la colaboración activa y la implicación de toda la sociedad. Especialmente importante es implicar en el trabajo de prevención a empresas, instituciones educativas, profesionales de la educación, sistema público de salud, familias y ciudadanos en su conjunto.

El desarrollo parlamentario de esta iniciativa del Gobierno de Andalucía nos va a ofrecer la oportunidad, no sólo de mejorar el texto y el contenido actual del anteproyecto, sino de implicar al conjunto de la sociedad andaluza al tiempo que dar un toque de atención al resto de las instituciones españolas.

Y esto es muy importante porque estoy convencido de que sería positivo para España tener una norma similar de ámbito estatal para abordar seriamente un enorme problema de salud pública al que estamos obligados a ganarle la batalla. Ahora, es de esperar que el conjunto de la sociedad se implique en este proceso. Especialmente relevante es apelar a que los expertos en salud pública y el conjunto de sociedades científicas aporten propuestas e impliquen al conjunto de los profesionales para que cada vez más, la sociedad tenga respuestas eficaces y participe activamente de las medidas a desarrollar.

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