Recreativo

Comas: "Le he dado vida al Recre, no lo he perjudicado"

  • El expresidente del Decano niega tajantemente todas las irregularidades por las que se le juzga y se postula como el salvador del club

  • El juicio continúa hoy en la Audiencia

Primera sesión del juicio contra el expresidente del Recreativo de Huelva, Pablo Comas, en la Audiencia Provincial de Huelva. Arropado por su nuevo abogado, el fiscal cántabro en excedencia Álvaro Sánchez Pego, llegó al Palacio de Justicia aparentemente tranquilo pese a los cargos que se le imputan: apropiación indebida, corrupción en los negocios, alteración de la contabilidad y administración desleal, por lo que se enfrenta a penas de entre 16 años y medio (a petición de la acusación particular) y 18 años de prisión (de la Fiscalía).

La expectación era máxima en la sala de vistas de la Sección Tercera de Huelva, donde la bancada estuvo completamente ocupada por la prensa, por letrados y por recreativistas. A la hora fijada comenzó el juicio. Comas ocupó el banquillo de los acusados -emplazamiento que no le es ajeno, pues ya fue condenado por apropiación indebida en 2012- con semblante serio.

En la cuestiones previas (primera fase del plenario) el protagonista fue su letrado. Sánchez Pego expuso la existencia de discrepancias entre el escrito de la acusación y los hechos relatados en el auto de apertura del juicio oral, pero el tribunal presidido por José María Méndez Burguillo desestimó su petición. Lo mismo hizo con la personación del Ayuntamiento de Huelva en la causa como perjudicado, al considerar la Sala que está legitimado como parte en el procedimiento.

La hora de la verdad llegó con el interrogatorio al procesado. Comas se puso en pie y mostró su disposición a responder a todas las preguntas que se le planteasen. Y así lo hizo durante más de dos horas, interrumpidas escuetamente por un breve receso.

A la Fiscalía le negó constantemente los hechos de los que le acusa. El que fuera presidente del Decano entre enero de 2012 y julio de 2015 explicó que adquirió el 75% de las acciones del club albiazul -por un precio de 3.200.000 euros- a través de la empresa Gildoy España SL, que administraba él mismo.

En el auto de incoación del juicio oral se refiere que para hacer frente al último pago fraccionado de esas acciones, en noviembre de 2012 pidió un préstamo al banco Espíritu Santo de 900.000 euros. Comas depositó un millón de euros del Real Club Recreativo de Huelva a plazo fijo como garantía para que le concedieran el préstamo a una empresa suya, Poientose SL. El segundo aval fue su propia nómina.

El expresidente del Recre admitió haber realizado esta maniobra contable, pero entiende que "el club iba bastante bien en esos momentos". Él, dice, se podía "permitir trabajar gratis". Por ello asegura que no cobraba nómina alguna.

La Fiscalía, por contra, considera que renunció al cobro de estos salarios "en tal concepto" y con la finalidad de "evitar que el importe de sus nóminas fueran objeto de ejecución ante el impago de las cuotas trimestrales" del préstamo de 900.000 euros, del que sólo llegó a abonar 241.000 euros. Acabó presuntamente cobrando su sueldo, como esgrime la acusación pública, disfrazado de gastos de alquiler, desplazamientos, viajes y comidas. Él lo negó ayer rotundamente en el juicio.

La entidad bancaria, al no tener acceso a su salario, claro está, acabó cobrándose 887.140 euros del millón de euros del Recreativo depositado como garantía, "operación que perjudicó gravemente las arcas del club". Pablo Comas mantuvo que "no he perjudicado en ningún momento al Recreativo de Huelva, al revés".

Es más, avanzó que sus peritos demostrarán en la sesión de hoy del juicio (la última, previsiblemente) "que yo he invertido casi seis millones de euros en el club, todo hecho por transferencias bancarias; invertí más, pero como no se hizo por transferencia no se puede demostrar".

La serenidad que mostraba Comas se acabó truncando cuando el abogado del Trust de Aficionados del Recre, Enrique Arroyo, le realizó preguntas más incisivas: "¿Se hubiera podido pagar a Hacienda y evitar el embargo del club y la asfixia económica con ese millón de euros?". A lo que el expresidente contestó: "No tiene nada que ver, eso se hizo para darle liquidez al Recreativo". Arroyo prosiguió: "¿Pagó el Recre 36.000 euros de intereses a largo plazo?". Y Comas perdió los nervios: "No, no pagó, los cobró, porque estaban a plazo fijo; no se ha leído usted los informes y no tiene ni puñetera idea de lo que está diciendo". El presidente de la Sala lo llamó al orden. "Lo siento, pero me estoy jugando la vida", admitió visiblemente nervioso.

Cuando el letrado del Ayuntamiento de Huelva, Rafael Cordero, le preguntó que si le parece lógico que se beneficie a sus dos sociedades con un crédito avalado por el millón de euros de patrimonio recreativista, sentenció que "no se produjo ningún perjuicio, al contrario, todo fueron beneficios". Y en el momento en que le inquirió sobre cuándo decidió no cobrar, indicó que no lo recordaba pero que "yo no sólo era el presidente del Recreativo, sino que soy el dueño; ¿es un delito no cobrar?".

La tensión se vino a menos en el turno de la defensa. Pablo Comas explicó que gracias a la pignoración de ese millón de euros del Decano, que estaban sujetos al préstamo, "Hacienda no se los llevó". Se mostró entonces como el gran salvador, el mesías del Recre, en el que reiteró que ha invertido más de seis millones y que "me debe dinero a mí, seguro que soy el acreedor número uno a título particular". Por todo, el acusado entiende que "le he dado vida al Recreativo, que no se ha visto perjudicado".

En relación a este asunto, prestaron declaración ayer en el juicio el que entonces fuera director del Banco Espíritu Santo en Huelva, Pedro José Urgel, y la interventora de la oficina, Rocío Portillo. Lo más destacable de lo que manifestó el exdirectivo que concedió el préstamo de 900.000 euros a la empresa de Comas es que le fue otorgado en parte "porque se nos había acreditado con el millón de euros del Recre y con el sueldo de su presidente, que se nos dijo que eran unos 240.000 euros". Urgel y Portillo refrendaron la legalidad de la operación en el momento del contrato.

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