Le tengo cierta simpatía a Susana Díaz, no por sus dotes gestoras de la cosa pública que son manifiestamente mejorables, sino por su animadversión a los populismos podemitas y por habernos evitado un gobierno en el que Teresa Rodríguez, Kichi y demás apóstoles de la revolución hubiesen impuesto sus delirantes, y reiteradamente fracasadas, recetas. Bien es cierto que miró para otro lado y consintió, y sigue consintiendo, que lo hagan en no pocos municipios andaluces, pero su resistencia y negativa a permitir un gabinete social-podemita será siempre un punto a su favor. Si a ello le unimos el mérito de haber desactivado a un sujeto como Pedro Sánchez que amenazaba con reventar el Partido Socialista y hacer ofrenda del mismo a Pablo Iglesias, convendremos que es una gobernanta mediocre pero una política de primera división.

No puedo entender como una política avezada como nuestra presidenta ha caído en el error de referirse a la Comunidad de Madrid como un paraíso fiscal, remitiendo inevitablemente a la evidencia de que en Andalucía se vive en un auténtico infierno fiscal. Por mucho que desde la hegemónica izquierda socialista andaluza se quiera esconder la realidad, es un hecho cierto y no sujeto a discusión que seguimos padeciendo el problema del paro más que en ningún otro lugar, que la calidad de los servicios públicos sanitarios se deteriora por días, que el informe PISA sonroja hasta a los más conspicuos defensores de las políticas educativas desarrolladas en los últimos años y que la desigualdad no ha disminuido. Exponer esta situación no es criticar a Andalucía, como pretenden hacernos creer los socialistas, sino censurar políticas probadamente ineficaces.

¿Ha servido de algo que paguemos en Andalucía varios puntos más de Impuesto sobre la Renta que los madrileños?; ¿es útil mantener un confiscatorio impuesto de sucesiones?; ¿debemos estar satisfechos de ser esquilmados fiscalmente? La respuesta a todo ello es no. Como bien zanjó Cristina Cifuentes siempre será mejor un paraíso que un infierno fiscal, paraíso por cierto con unos servicios públicos que nada tienen que envidiar a los gestionados por los defensores de la fiscalidad rapaz y con unos índices de desempleo que, siendo elevados, son envidiables a la vista de los nuestros.

Hay que decirle a nuestra presidenta que no basta con apartar del gobierno a las ideas estatalistas, depredadoras y enemigas del emprendimiento, sino que es preciso aplicar las medidas opuestas.

No lo está haciendo y su mente está en Madrid: pronto Andalucía tendrá cambio.