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Los regantes demandan la reubicación de las 1.500 hectáreas

  • La Comunidad de Palos de la Frontera manifiesta su solidaridad con los agricultores

Agricultores a las puertas de la Delegación del Gobierno de la Junta.

Agricultores a las puertas de la Delegación del Gobierno de la Junta. / víctor peláez

Ayer se cumplieron 23 días de la acampada de los agricultores cuyas tierras se han quedado fuera del Plan de los Regadíos de la Corona Forestal Norte de Doñana. Ayer la Comunidad de Regantes de Palos de la Frontera mostró su solidaridad con las demandas de los agricultores del Condado. El gerente de la comunidad, Fernando Sánchez, y el presidente de la Plataforma en Defensa de los Regadíos, Cristóbal Picón, respaldaron con su presencia a los agricultores concentrados en las puestas de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía.

Picón aprovechó la ocasión para plantear a la Administración andaluza la reubicación de las parcelas que según la Junta no cumplen con la ley, aunque los agricultores sostienen que son "históricamente justificables". "Exigimos a las delegaciones de Medio Ambiente y Agricultura una solución al problema, que pasa por la reubicación. Los agricultores están cultivando tierra agrícola no forestal y ahora quieren quitarles su medio de vida pero no lo podemos consentir porque hay solución", aseguró Picón.

"Si la Junta quiere incentivar 20.000 hectáreas en el Andévalo, por qué no se puede arreglar el tema de las 1.500 hectáreas, que cumplen con la normativa medioambiental y son compatibles con Doñana", espetó el presidente de la Plataforma, que demandó la transferencia por vía de urgencia de los 15 hectómetros cúbicos de agua de la Cuenca del Guadiana a la del Guadalquivir y su inclusión en los PGE, así como el desdoble del túnel de San Silvestre.

Por su parte, Francisco Sánchez, indicó los empresarios agrícolas reivindican algo justo y además defienden el motor socioeconómico más importante de Huelva como es la agricultura, el único sector que ha logrado mantener el empleo durante la crisis. "No nos parece razonable que por problemas administrativos, de diálogo y consenso se perjudique a la agricultura", señaló Sánchez, que añadió que "más de 1.500 agricultores tienen en riesgo su futuro por no tener el agua que necesitan y aplicar una normativa que les perjudica".

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