A pesar de que el proyecto de extracción y almacenamiento de gas en Doñana que promueve Petroleum Oil & Gas, filial de Gas Natural Fenosa, se encuentra en compás de espera y oficiosamente paralizado, la iniciativa industrial está lejos de ser enterrada, al menos en el campo político. Entre tanto, todo parece indicar que el futuro del proyecto se dilucidará en los tribunales.

Aunque hasta el momento el Gobierno de España no se ha pronunciado sobre el envite lanzado por la Consejería de Medio Ambiente en la que instaba a la empresa a someterse a la realización de una nueva evaluación ambiental y que, en caso contrario, acudirá a los tribunales de justicia, lo cierto es que desde el PP han tratado de desacreditar la literalidad del informe en el que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) alertaba del "riesgo sísmico que acarrea el proyecto de almacenamiento de gas en Doñana".

350Millones de euros. Es lo que reclamará la empresa si se paralizan las obras de construcción

Con el proyecto varado en las arenas movedizas de la burocracia, la batalla judicial parece inminente. En su contra la Junta tiene la sentencia del Tribunal Supremo de 22 de noviembre de 2016 que pone en solfa sus argumentos e insiste en que los proyectos han sido objeto de una completa tramitación en la que la Administración ha tenido oportunidad de oponerse al proyecto o presentar alegaciones a su debido tiempo. Sin embargo, no planteó objeción alguna "ni respecto a la tramitación ni a las posibles afecciones significativas a la Red Natura". En consecuencia, los socialistas pueden ser poco menos que rehenes del papel que desempeñaron sus antecesores en el cargo. La empresa catalana ya avanzó su intención de cobrar 358 millones de euros de reclamación por responsabilidad patrimonial si, en última instancia, se paralizan las obras.

Sin embargo, el consejero de Agricultura y Medio Ambiente, José Fiscal, ve posibilidades de explotar la baza del informe que el CSIC le remitió al Defensor del Pueblo. Así lo dijo en el último Consejo de Participación de Doñana, donde destacó que "disponemos de una herramienta muy importante para ir hasta donde tengamos que acudir con el objetivo de frenar" el almacenamiento de hidrocarburos en el subsuelo del espacio natural.

La Administración autonómica mantiene que al "trocear" el proyecto en cuatro partes y analizar de forma independiente sus efectos se impide concretar los efectos acumulativos que generaría la actividad industrial en materia de riesgos sísmicos; así como las afecciones sobre la fauna y la flora.

Ante la incertidumbre política que genera el proyecto, la empresa catalana optó por iniciar los trabajos en Marismas Occidental, la fase del proyecto que se ubica fuera de las lindes del espacio natural y que sí cuenta con los permisos de la Junta.

Aunque el proyecto recoge hasta 14 nuevos sondeos, el elemento que mayor controversia ha suscitado desde un primer momento es la construcción de un gaseoducto de interconexión de 18.169 metros longitudinales que recorrerá los parajes del Saladillo y el Rincón. Aunque la infraestructura bordea el Parque Nacional, ésta atraviesa zonas de dominio público forestal catalogadas como zona A en el Plan de Ordenación Territorial del Ámbito de Doñana, que es una línea roja que la Junta no quiere traspasar bajo ningún concepto. Lo contrario implicará sembrar un peligroso precedente, máxime cuando este es el argumento principal para que no se regularicen las hectáreas de fresas que han quedado fuera del Plan de Ordenación Especial de los regadíos de la Corona Norte de Doñana que afecta a los municipios de Almonte, Bonares, Moguer, Rociana del Condado y Lucena del Puerto.

En la arena política el debate también ha sido intenso. El secretario general del PP de Huelva, David Toscano, ya detalló que los dirigentes de la Junta podrían "prevaricar" si se daba marcha atrás al proyecto, al entender que esta decisión se encuentra basada en un decisión de estrategia política, toda vez que fueron los socialistas quienes "iniciaron en 2003 e impulsó en 2006" la actividad industrial de manos del entonces gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Además, añadió que la empresa tiene la Autorización Ambiental Unificada (AAU) a tres de las cuatro patas que integran el proyecto gasista.

La réplica vino de su homólogo del PSOE en Huelva, Jesús Ferrera, quien acusó al PP de "mentir" y defender los intereses de una multinacional, insistiendo en que el informe del CSIC lleva la firma del propio Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.