La denuncia de un particular desencadenó en el día de ayer el corte del suministro de agua de la urbanización Miradama en Escacena del Campo, donde un grupo de ocho familias ocuparon por la fuerza sendas viviendas con el argumento de que las mismas llevaban cerradas desde su construcción y se estaban deteriorando tras ser objeto de robos y actos vandálicos. Los ockupas proponen pagar el agua y seguir disfrutando de las viviendas.

Giahsa, empresa de capital público que tiene encomendadas las competencias del ciclo integral del agua en el municipio, reconoció que la medida no ha estado exenta de tensión por la actitud "agresiva" de las tres familias que se habían enganchado a la red de manera ilegal. Una situación que requirió la presencia de la Guardia Civil para que los trabajadores pudieran cumplir con la tarea encomendada.

Reprochan al equipo de gobierno que consienta una situación que afecta al bolsillo de todos

La urbanización ha encontrado un importante eco mediático después de que este periódico sacara a la luz que un hijo del concejal de Urbanismo, José Calero, se encontraba entre los inquilinos que asaltaron los inmuebles.

Giahsa lamentó ayer tener que adoptar una medida de esta naturaleza, si bien informó de que la compañía simplemente cumple con la ley. La única vía para brindar suministro es formalizar un contrato de servicio que únicamente se puede expedir a quienes dispongan de la propiedad o un derecho de disfrute de la vivienda.

Por el contrario, los okupas escaceneros consideran que sufren un agravio comparativo por parte de la compañía con respecto a otros inquilinos que residen en poblaciones aledañas como Almonte (residencial Marismas III) o en Rociana del Condado (en la zona de El Labrao) que, a pesar de encontrarse en la misma situación irregular, sí disponen de suministro de agua. Giahsa reconoce esta situación ilegal, pero niega que se produzca con el amparo de la compañía.

La portavoz de los vecinos okupas, Ana Lepe, descartó cualquier actitud agresiva ni física ni verbal. En cualquier caso, escenificó su indignación por que se le prive de formalizar un contrato de suministro, accediendo así a las mismas condiciones que el resto de usuarios, de un bien "de primera necesidad".

Lepe es consciente de que el acceso a la vivienda se ha producido de manera ilegal, si bien "como media España, que carece de recursos para disfrutar de un techo donde dormir", apostilló. En cualquier caso, demanda que los poderes públicos le brinden "una solución". Y añade: "Aquí vive gente que está trabajando y que tiene hijos que necesitan ducharse".

El alcalde independiente, Eulogio Burrero, no ha ocultado su interés en buscar una solución habitacional a estos vecinos mediante la negociación con las entidades bancarias para que se presten a negociar un "alquiler asequible" que case los intereses de la ciudadanía de tener acceso a una vivienda y palie el legítimo interés de las entidades de crédito de recuperar las inversiones en forma de préstamo que dieron a promotores y constructores. Sin embargo, Burrero reconoció hace días que la situación no está siendo fácil.

Entre tanto, en la población hay personas que se solidarizan con los okupas y quienes lamentan que se usurpen una vivienda y, encima, se valgan de esta situación irregular para "disfrutar de modo gratuito de agua y luz, mientras la factura de ese consumo la pagan el resto de los vecinos con sus impuestos".

En este escenario la crítica política no se ha hecho esperar. El PSOE, en boca de su portavoz local, Justo Fernández, reprochó al equipo de gobierno que esté "consistiendo una situación que afecta al bolsillo de todos los habitantes y la peligrosidad para las propias familias que allí viven, porque no es capaz de darle la solución adecuada". Fernández insiste en que este fraude a los bolsillos de los ciudadanos no es nuevo, pues en el propio municipio se encuentran "otras viviendas totalmente legalizadas con la luz enganchada al alumbrado público desde hace años y a día de hoy siguen sin una solución, cuando los propios vecinos quieren pagar su luz sin tener posibilidad. Una cuestión que llevamos reclamando al equipo de gobierno en todos los plenos durante años".