El Pleno del Ayuntamiento de Cartaya aprobó por unanimidad en su sesión ordinaria del mes de noviembre la ordenanza fiscal propuesta por Izquierda Unida que regula la tasa a las instalaciones de transporte de energía eléctrica, agua y gas. Esta tasa, que aportará 150.000 euros anuales a los recursos públicos del municipio, comenzará a aplicarse inmediatamente, pudiendo comenzar a generar 50.000 euros en el último trimestre de este año, según el informe de intervención.

Con la aprobación inicial de esta tasa, Cartaya se convierte en uno de los primeros ayuntamientos andaluces que han aprobado ordenanzas fiscales para que estas grandes compañías contribuyan justamente por el uso de suelo municipal, tal como determina la ley Reguladora de Haciendas Locales y avala el Tribunal Supremo.

Izquierda Unida valora muy positivamente la acogida de esta moción por parte del gobierno municipal y el excelente trabajo técnico del interventor, que han aplicado inmediatamente esta medida de IU "para fortalecer la situación económica del Ayuntamiento y ofrecer mejores servicios públicos", según expone el concejal izquierdista, David Fernández Calderón.

El edil de Izquierda Unida defiende que "del mismo modo que los bares pagan una tasa por ocupar la vía pública con veladores, comiencen a hacerlo las grandes compañías eléctricas, de agua o gas por ocupar nuestro suelo para instalaciones mediante las que obtienen beneficios astronómicos".

David Fernández Calderón añade que "en apenas dos años, esta tasa y otros proyectos de IU como el aumento del IAE a las grandes empresas, el control de la evasión fiscal o la mejora del aprovechamiento del piñón han contribuido a aportar medio millón de euros anuales a los recursos públicos". "El progreso será aún mayor cuando culminen otros dos proyectos de IU en el capítulo de ingresos: el reconocimiento de Cartaya como "municipio turístico", con la consiguiente compensación económica por parte de la Junta, y la campaña de empadronamiento para superar los 20.000 habitantes, que generará más de 150.000 euros adicionales en concepto de transferencias autonómicas y estatales".