Cinco municipios de la Costa reservan suelo para 3.100 VPO

  • Los ayuntamientos de Aljaraque, Almonte, Ayamonte, Cartaya y Punta Umbría suscriben un convenio con la Consejería de Obras Públicas y Transportes

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Cinco municipios de la Costa onubense han suscrito un convenio con la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía por el que se comprometen a reservar suelo para la construcción de 3.096 viviendas protegidas.

Los convenios rubricados por los alcaldes de estos municipios y el consejero de Obras públicas y Transportes, Luis García Garrido, recogen la construcción de VPO que se reparten entre los ayuntamientos de Aljaraque, 560 viviendas, Almonte 486, Ayamonte 680, Cartaya 850 y Punta Umbría 520.

Con la firma de estos acuerdos, del total de las viviendas protegidas puestas en marcha en base a este tipo de convenios en Andalucía, 15.347 se ubican en la provincia onubense, lo que significa cubrir el 83 por ciento de la demanda de vivienda protegida en Huelva, que según un estudio de Instituto de Estudios Sociales Avanzados de Andalucía se cifra en 18.546 viviendas protegidas.

De estas 15.376 viviendas, 11.944 se encuentran recogidas en el convenio suscrito con la Diputación Provincial de Huelva para el desarrollo de los objetivos del Pacto por la Vivienda en los municipios de menos de 20.000 habitantes, a las que hay que añadir las 3.096 viviendas recogidas en los cinco convenios suscritos ayer. Las restantes 336 viviendas se corresponden con la licitación de suelos para la construcción de viviendas protegidas en la capital onubense, concretamente en la barriada Seminario y en el parque Moret.

Estos convenios son consecuencia del compromiso adquirido por el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, en la firma del Pacto por la Vivienda en Andalucía para aprobar una normativa con el fin de agilizar el planeamiento urbanístico para obtener suelo urbano o urbanizable listo para la construcción a corto plazo de viviendas protegidas.

La norma servirá para poner en marcha todos los convenios que se están firmando con ayuntamientos y diputaciones andaluzas para la obtención rápida de suelos urbanos o urbanizables destinados a la construcción de viviendas protegidas, y que en la actualidad se cifran en 224.321 viviendas, el 74,8 por ciento de los objetivos fijados para los próximos diez años y que se cifran en 300.000 viviendas protegidas.

Así, se trata de viviendas con un precio máximo de 90.000 euros para hogares con ingresos inferiores a 2,5 veces el salario mínimo. En estas promociones, el promotor privado recibirá una ayuda autonómica de 3.000 euros por vivienda.

Según explicó en rueda de prensa el consejero de Obras Públicas y Transportes, el Pacto por la Vivienda prevé un programa de actuación, de puesta en marcha y desarrollo que permita, sobre la base de un uso racional del suelo, la construcción de al menos 700.000 viviendas y realizar una amplia oferta de viviendas protegidas de al menos 300.000 VPO en los próximos diez años.

Unas viviendas de tipologías acordes con la demanda social y que tendrán un precio adecuado al nivel de renta de los ciudadanos, en todo caso no más de una tercera parte de sus ingresos anuales en caso de venta y una parta parte en caso de alquiler.

El plan concertado define qué cantidad de viviendas de cada tipo se construirán en cinco años. Cada Ayuntamiento por su parte, deberá definir en su plan municipal de vivienda la cantidad de cada tipo. En los tres primeros meses de este año, la Junta de Andalucía tiene previsto sacar a concurso público suelos del patrimonio público para la edificación de 7.000 viviendas protegidas. Y en los Presupuestos andaluces de este año ya se consigna una cantidad de 100 millones para la compra de suelo con destino a VPO y 52 millones para ayudar en esta tarea a los municipios, que deberán suministrar el grueso del suelo.

Las entidades aportarán al plan 9.500 millones en créditos con una reserva de hasta 18.000, mientras que la Junta y los ayuntamientos contribuirán con los 7.500 millones restantes.

El Pacto por la Vivienda contempla también medidas para el fomento del alquiler, especialmente para los jóvenes. Así a partir del mes de febrero, y en colaboración con el Ministerio de la Vivienda, ha comenzado a facilitarse a los jóvenes andaluces menores de 35 años las denominada rentas de emancipación para ayudar el pago del alquiler de sus vivienda, el aval y la fianza.

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