Al menos 10 cortas mineras de la provincia reciben aportes de agua de lluvia, a las que hay que sumar alrededor de una veintena de balsas. Por su condición, ambas constituyen un peligro para el medio y las poblaciones cercanas a las mismas. El último incidente ocurrió el pasado mes de mayo con la rotura del tapón que cerraba el paso a las aguas contaminadas contenidas en la corta de La Zarza, que provocó la salida de cientos de miles de metros cúbicos de aguas ácidas con sedimentos y metales pesados a la cuenca del río Odiel. Ecologistas en Acción ha denunciado el riesgo que supone el estado de "abandono" que presentan la mayoría de estas infraestructuras mineras, mientras algunos alcaldes de los municipios afectados han solicitado medidas preventivas para evitar que vuelvan a producirse vertidos y desastres ecológicos.

La Junta de Andalucía ha anunciado que tiene previsto aplicar medidas adicionales de los sistemas de control y vigilancia de las cortas mineras, entre las que cita un nuevo inventario y el refuerzo de las inspecciones dentro del marco del Plan General de Inspección del área de Industria, Energía y Minas, además de solicitar a los titulares de los derechos mineros un informe sobre las medidas de conservación y seguridad ambiental de las explotaciones y lugares adyacentes.

20Balsas mineras. Son las que se contabilizan en la provincia además de 68 escombreras

El anuncio ha sido bien acogido por las autoridades de los territorios que cuentan con cortas mineras y/o balsas. El alcalde de Calañas, Mario Peña, considera sin embargo que la Administración andaluza debería llevar a cabo una acción integral para evitar, por una parte, nuevos derrames y, por otra, en caso de producirse que no tenga carácter contaminante.

Peña no duda de la actuación realizada por la Junta en el control del vertido, pero entiende que puede volver a producirse la rotura, ya que las aguas recogidas en las presas han sido devueltas a la corta mediante canalizaciones y un sistema de bombeo. Y es que, como informó la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, se ha procedido a bombear hacia la corta minera los drenajes que fueron retenidos en un arroyo cercano a la explotación.

Con esta actuación, según el alcalde, el peligro no ha desaparecido, ya que si bien el agua acumulada es menor tras la pérdida del líquido contaminante que fue a parar al Odiel, podría volver a llenarse de registrarse fuertes precipitaciones. Es más, asegura que la mina está inundada, así como la sala con la maquinaria para la evacuación del agua.

Tras taponar la boca de salida de la galería y construir diques de tierra compactada en los cauces, los trabajos en marcha se dirigen ahora fundamentalmente a realizar un tratamiento de descontaminación de los 50.000 metros cúbicos de aguas ácidas, desembalsarlas progresivamente, desmantelar estas infraestructuras y restaurar los lechos y márgenes fluviales.

Peña apunta a una intervención más integral que incluye una fase de decantación del agua ácida, que se genera cuando el material minero recibe el aporte de la lluvia. Una actuación de prevención que debería efectuarse también en "la decena" de cortas abandonadas que existen en la provincia.

Para evitar que el vertido llegara al Odiel, una de las medidas adoptadas por la Junta fue levantar tres represas en las inmediaciones del aliviadero. Gracias a una de estas barreras con una altura de dos metros, se logró parar el flujo de agua al río, si bien un estudio realizado por el departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Huelva concluyó que el vertido de aguas ácidas llegó al océano Atlántico y además afectó seriamente al río.

Ecologistas en Acción ha denunciado que "numerosas cortas y balsas mineras permanecen abandonadas en el Andévalo onubense en condiciones precarias, sin que la Junta de Andalucía haya tomado las medidas de protección y sellado necesarias a pesar de los antecedentes del desastre de Aznalcóllar".

La organización ecologista considera que "la nula intención de sellar debidamente las balsas e instalaciones mineras, la apertura en condiciones precarias de algunas minas y la intención manifestada irresponsablemente de más aperturas, generan situaciones de desastre ambiental como el que ha sucedido en La Zarza, con graves riesgos de afecciones ambientales y sociales aguas abajo".

El Defensor del Pueblo Andaluz emitió un informe en 1998 alertando del riesgo de las balsas mineras similares a la de Aznalcóllar que originó el desastre ecológico en el río Guadiamar y Doñana y que se reparten por toda la geografía andaluza. En el informe, que realiza una serie de recomendaciones, se contabilizan 20 balsas en la provincia onubense además de 68 escombreras.