Dos años de prisión, una multa conjunta de 5.880 euros y la demolición de la casa. Ésa es la pena que la Fiscalía pide que se imponga a un matrimonio residente en la aldea del Calabacino, en el municipio de Alájar, por edificar una vivienda sobre el suelo protegido del parque natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche.

El fiscal delegado de Medio Ambiente en Huelva, Alfredo Flores, que -como ya avanzó ayer este diario- ha denunciado por prevaricación urbanística a la alcaldesa alajareña, Carmen Osorno (PSOE), da un paso más contra las construcciones ilegales en la aldea y formula la primera acusación al respecto de las cuatro causas que se tramitan en los órganos de instrucción de Aracena.

Así, como consta en el escrito de acusación del Ministerio Público al que ha accedido Huelva Información y en el que se interesa la apertura del juicio oral en un órgano de lo Penal onubense, los investigados son esposos y llevan a cabo, en calidad de promotores-constructores, la edificación de una vivienda de 7,32 metros de fachada por 10,32 metros de lateral-fondo y cinco metros de altura en una finca de la parcela 20 del polígono 18 de Alájar. El terreno, de 34 áreas, lo adquirieron en marzo de 2015 en escritura pública, "haciéndose constar la inexistencia de edificación alguna".

La casa se levanta sobre "suelo no urbanizable de especial protección", ya que está enclavada en el parque natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, concretamente en la zona C. Los acusados, para másinri, "no solicitaron licencia municipal ni autorización de la dirección" del parque, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

Las obras comenzaron en 2015 y están "casi terminadas", por lo que el asunto no está penalmente prescrito, como sí ha ocurrido con otros tantos inmuebles del Calabacino. La vivienda, que es la habitual para el matrimonio y sus hijos menores, está en una finca "sin actividad agrícola ni ganadera, incompatible con la legislación protectora del parque natural", que prohíbe nuevas edificaciones "sin vinculación con usos agrícolas-ganaderos-forestales". Es más, para levantarla "se ha utilizado gran parte de paja y madera, lo que supone un grave riesgo de incendio".

La Fiscalía atribuye a la pareja un delito contra la ordenación del territorio, por el que les pide los dos años de prisión, la multa de 2.940 euros para cada uno y la inhabilitación durante dos años para oficio de promotor y constructor. Además, acuerda la demolición de la casa y la restauración del lugar, acción que ha sido tasada en 1.848,50 euros.