El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Barbate decretó el ingreso en prisión provisional sin fianza para cuatro de los ocho detenidos el pasado miércoles en la localidad de Moguer implicados en una red que secuestró al menos a 300 inmigrantes irregulares que llegaron a las costas gaditanas en pateras, para posteriormente extorsionar a sus familias en Marruecos con el pago de cantidades económicas que llegaban hasta los 700 euros.

Según confirmó a Huelva Información el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, los ocho detenidos en la operación que llevó a cabo la Guardia Civil de Huelva fueron puestos el pasado viernes a disposición judicial, que ordenó el ingreso en prisión de cuatro de ellos, presuntamente los supuestos cabecillas de la organización criminal, mientras que otros cuatro quedaron en libertad, dos de ellos con cargos, mientras que los dos restantes no llegaron a declarar.

La operación Yaravi continúa abierta y no se descartan más arrestos en Huelva

El magistrado les imputa los delitos de detención ilegal, tráfico de personas y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, aunque mantiene el secreto del sumario sobre toda la operación que sigue abierta y que podría conducir a la detención de más implicados en la misma.

Fueron el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva, Ezequiel Romero y la subdelegada del Gobierno, Asunción Grávalos, quienes el pasado miércoles informaron de que la detención de ocho personas durante la realización de seis registros en viviendas en Moguer y la capital onubense dentro de la denominada Operación Yaraví, en la que se incautaron 132 kilos de hachís, 16.435 euros en metálico, 17 teléfonos móviles, dos vehículos y un ordenador portátil. Según informó el coronel, los inmigrantes tenían que pagar unos 1.200 euros por adelantado para llegar a España a la organización criminal, que les organizaba el viaje, y una vez embarcados les retiraban sus teléfonos móviles y enseres personales para posteriormente trasladarlos a distintas localidades de Huelva y del territorio nacional, donde supuestamente eran retenidos en pisos contra su voluntad hasta que les realizara un segundo pago que ellos desconocían inicialmente, perfeccionándose así el secuestro de los mismos.

Para ello, extorsionaban a los familiares de las víctimas, quienes finalmente se veían obligados a efectuar este segundo pago no pactado previamente y que podía oscilar entre 350 y 700 euros adicionales para conseguir su liberación. La Guardia Civil calcula que esta actividad ilícita les ha podido reportar unos rápidos beneficios que alcazan los 350.000 euros.

Las investigaciones continúan abiertas en esta operación que se inició el pasado mes de octubre tras tener conocimiento de la llegada de varias pateras con inmigrantes irregulares a la costa de Barbate.