El abogado del Ayuntamiento de Bollullos del Condado, José Carlos Hernández Cansino, ha presentado una denuncia contra 28 trabajadores del Consistorio por un presunto delito de obstrucción a la justicia. El Juzgado de Instrucción número 3 de Huelva ha incoado diligencias previas e imputado a los despedidos de Bollullos.

Los hechos se remontan al 28 de noviembre de 2011, cuando tuvo lugar la celebración de varias vistas en el Juzgado de los Social número 3. Tras finalizar las mismas, al salir del Juzgado, donde Hernández Cansino acudió en defensa de la Alcaldía bollullera, fue "insultado, amenazado y perseguido" por el trayecto que comprende desde el lugar donde se encuentran las dependencias judiciales (Plaza del Punto) hasta una cafetería que se encuentra en la calle Berdigón de la capital onubense, a la altura del número 14.

Los trabajadores despedidos, que durante el recorrido utilizaron pitos y bocinas, "mantuvieron en todo momento una actitud desafiante y provocadora hacia mi persona, amenazándome para que no mantuviera las tesis procesales a instancia de mi defendido, el Ayuntamiento de Bollullos Par del Condado".

Una vez dentro de la cafetería, los trabajadores le siguieron, manteniendo la misma actitud, esta vez sin utilizar los pitos y las bocinas, colocándose justo al lado y muy cerca de donde estaba sentado. Por estas circunstancia decidió llamar a la Policía Nacional, que se personó a las puertas de la cafetería, preguntándole si quería denunciar los hechos, no haciéndolo en ese momento para evitar más incidentes con los denunciados.

Ante lo sucedido el día 28, "con un claro objetivo de modificar mi actuación procesal en nombre de mi representado en los distintos procedimientos judiciales en los que se hayan inmersos los denunciados, ante la descalificación que esta parte tiene que soportar por parte de los trabajadores y ante la imposibilidad de realizar mi trabajo con total libertad, sin ser culpable de nada de lo que está ocurriendo, simplemente, limitándome a realizar como mejor entiendo mi labor profesional como letrado del Consistorio bobullero" interpuso la denuncia.

Un delito de obstrucción a la justicia castiga al que "con violencia o intimidación intentare influir directa o indirectamente en que sea denunciante, parte o imputado, abogado, procurador, perito, intérprete o testigo en un procedimiento para que modifique su actuación procesal. Cansino entiende que los trabajadores despedidos y también denunciados pretendieron influir de forma directa en su labor como letrado utilizando, descalificaciones, insultos y amenazas.

Hernández Cansino asegura que no es su responsabilidad "la situación actual de los trabajadores denunciado, y solo me limitó a realizar mi labor profesional del modo que estimo más adecuado, utilizando los medios recursos y acciones judiciales que estime oportuno".