Cartaya

El juzgado ratifica la condena en costas para la acusación del caso Hiconsa

  • El pago de 496.293 euros se reparte a partes iguales entre el Ayuntamiento y los cuatro exconcejales denunciantes

Juan Polo, actual alcalde de Cartaya, que ejerció como acusación popular. Juan Polo, actual alcalde de Cartaya, que ejerció como acusación popular.

Juan Polo, actual alcalde de Cartaya, que ejerció como acusación popular. / h.i.

El Juzgado de lo Penal número 1 de Huelva ha desestimado la impugnación que contra las costas impuestas a las acusaciones por el proceso judicial del caso Hiconsa, relativas a las partidas de los letrados que actuaron como defensores de los acusados, formularon el pasado 16 de mayo el Ayuntamiento de Cartaya como acusación particular, y los exconcejales en dicho municipio Miguel Ángel Gea (IU), Juan Manuel Guerrero (PP), Antonio Carro (PA) y Juan Miguel Polo (independiente y ahora alcalde de la localidad), quienes han actuado en el procedimiento como acusación popular.

Las condena en costas contra las que las acusaciones presentaron impugnación, relativas a las partidas de los letrados que actuaron en el proceso como defensores de los acusados, ascenderán por tanto al total de la condena, que asciende a 496.293 euros, repartidos al 50% entre ambas acusaciones: 248.146 euros al Consistorio, y otro tanto repartido entre los cuatro acusadores populares.

Así se desprende del auto judicial fechado el pasado día 11 de diciembre y al que ha tenido acceso Huelva Información, el cual ratifica unas costas que supondrán la suma de 248.146 euros para el Ayuntamiento, gobernado en la actualidad por Juan Polo gracias a un pacto con PP y PA; además de 62.036 euros para cada uno de los acusadores populares. El auto impone además a las dos acusaciones el pago de las costas originadas por este último recurso, cantidad que aún se desconoce, al suponer "trámites excesivos" en la causa.

Entre los motivos de la impugnación, las acusaciones alegaron entre otras cosas que dicha cuantía es "improcedente", así como que las dos acusaciones solicitaron que se indemnizara al Ayuntamiento por parte de los cinco acusados por un total de 3.057.492 euros, y en ningún caso se pedía que cada uno de ellos pagara por sí la totalidad de esa cantidad. Igualmente alegaron que la cuantía a efectos de la tasación de costas debería cifrarse en 611.498 euros para cada uno, como fruto de distribuir entre cinco la cuantía real del procedimiento (3.057.492 euros). Por su parte los letrados de las defensas afectados por las impugnaciones de las correspondientes partidas no han aceptado la reducción que se les planteaba y han concluido, después de argumentar en contra de la impugnación que los honorarios correspondientes a la responsabilidad civil están "correctamente calculados".

En base a todo ello este nuevo auto desestima la impugnación formulada por las acusaciones manteniendo la tasación de costas practicada en lo relativo a la fijación de honorarios de los letrados de la defensa por el concepto de responsabilidad civil.

Juan Polo ha declarado a este periódico que la próxima semana estudiarán si recurre el fallo del juzgado.

El caso arrancó en 2009 a raíz de una denuncia presentada por los concejales entonces en la oposición y ahora condenados al pago de las costas, por un convenio urbanístico que la empresa Hiconsa firmó con el Ayuntamiento de Cartaya en 2005 para la construcción de un centenar de viviendas en la barriada de El Almendral. En marzo de 2011 la Audiencia de Huelva ratificó la sentencia absolutoria del exalcalde socialista de Cartaya Juan Antonio Millán, de su teniente de alcalde Miguel Novoa, así como de la esposa de éste, de un arquitecto y del administrador de Hiconsa, al considerar que el convenio urbanístico acordado con la empresa fue legal.

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