En agosto de 1917 confluyen en España una crisis económica, una crisis social y una crisis político-institucional. La primera por la incapacidad de la economía nacional para aprovechar la coyuntura de la neutralidad en la Gran Guerra, pues el ficticio y coyuntural auge económico quedó en entredicho al acabar aquélla. Socialmente este hecho se tradujo en el agravamiento de las condiciones de trabajo y de vida del proletariado y la agudización de la lucha de clases. En lo político-institucional, la desintegración del régimen de la Restauración se manifiesta en 13 crisis ministeriales totales y 30 parciales, de las que los movimientos sociales constituyen un factor de primer orden, a la vez que éstos se hallan condicionados por la crisis del sistema. Por todo ello, España estaba en un estado de caos y distorsión moral que conformó la sacudida de 1917 y las convulsiones subsiguientes, a las que las huelgas de 1920 en Huelva y Riotinto no serían ajenas.

La tarde del 9 de agosto, Huelva apagaba los últimos ecos de las Fiestas Colombinas en las que el destructor Pelayo, presente en la festividad, marcaba su fin, poniendo rumbo a Tánger. Ese día aparecía en el diario onubense La Provincia un artículo con el título La situación económica de España en el que se proclamaba la óptima posición de nuestra economía, continuaba afirmando que hasta la peseta había recuperado el esplendor perdido en el 98 y terminaba preguntando por qué los españoles no se concentraban en mantener esa situación en lugar de "dispersar energías en menudas pretensiones". Las dotes analíticas del articulista quedaban en entredicho, ya que se acumulaban los inexorables acontecimientos: Asamblea de Parlamentarios, huelgas y disturbios, el país al borde del caos y el Gobierno criticado duramente por la prensa; de tal forma que la ausencia de crítica en la que había sucedido el turno de los gobiernos cesaba y daba paso a recriminaciones entre los propios beneficiarios del turnismo.

Las garantías constitucionales estaban suspendidas desde el 25 de junio

Al día siguiente (viernes, 10 de agosto) estalló la huelga de los ferroviarios de la Compañía del Norte que dio lugar a la declaración del estado de guerra en toda España el 13 de agosto, de forma que en Huelva el gobernador civil, Eusebio Salas, entregó el mando al gobernador militar, Fernández Arnedo. Esta declaración significaba la incomunicación del resto del país por la censura total de prensa y la suspensión de los servicios telegráfico y telefónico. El Gobierno la achacaba al intento de convertir la huelga ferroviaria en huelga general. El gobierno militar suprimió licencias y ordenó la incorporación de los cuerpos de reserva, los excedentes de cupo de 1917 y los de situación activa del Regimiento de Ferrocarriles, así como los de la cuota militar y el alistamiento de los reemplazos de 1915 y 1916. Las garantías constitucionales estaban suspendidas desde el 25 de junio por los problemas sociales: carestía de subsistencias, bajos salarios, huelgas y paros, y políticos: cuestión regional, asamblea de parlamentarios y la polémica de las Juntas de Defensa.

Esta huelga de agosto obedece a la reivindicación del Sindicato del Norte (ferroviarios) para la admisión de despedidos en Valencia. Se rumoreó que el propio ministro de la Gobernación, Sánchez Guerra, había instigado su convocatoria para adelantarse a la de la huelga general en marcha. Sobre la intervención gubernamental en su precipitada convocatoria, tenemos la afirmación del coronel Benito Márquez, dirigente del movimiento de las Juntas de Defensa, de que en agosto el Gobierno estuvo "falto de previsión, se dejó llevar por los sucesos, parecía que había interés en que sobreviniera y aún se diría que se facilitaba su ocurrencia" (Carta del coronel Márquez al general Primo de Rivera de 8-X-1917). La UGT trató de evitar el conflicto porque le obligaba a adelantar la convocatoria de huelga revolucionaria que preparaba para noviembre.

Pero diversos avatares del conflicto ferroviario dieron lugar a la declaración de huelga general de carácter pacífico para el 13 de agosto por los comités nacionales de la UGT y del PSOE, que no pudieron detener la marcha de los acontecimientos, pese a considerarla precipitada y poco preparada, tanto por la inexistencia de compromiso con el ejército, que se puso al lado del Gobierno implicándose en su represión, como por la falta de avenencia con republicanos, reformistas y un importante sector de la burguesía, quienes, aunque de acuerdo en principio, no se comprometieron en su convocatoria, por lo que pudieron desentenderse de ella, como así hicieron. Pese a ello la CNT siguió el llamamiento a la huelga al margen de las consignas de Madrid.

En el manifiesto A los obreros y a la opinión pública, publicado por el comité de huelga el 12 de agosto, se advertía que la huelga no acabaría "hasta no haber obtenido las garantías suficientes de iniciación del cambio de régimen" e insistía en la vía política, que "debía acabar con un régimen de corruptelas y oprobio". La respuesta del gobierno de Dato fue la contundente declaración del Estado de Guerra en todo el territorio.

El día 13 comenzó una huelga absoluta y pacífica en todo el país, pero los días siguientes aparecieron los choques callejeros y Huelva no fue una excepción. En realidad, como en todo el país, en Huelva había un clima de impaciencia que precipitó los acontecimientos, como vemos en el párrafo siguiente.

Tanto en Huelva como en las minas la huelga comenzó el día 15, dos días después que en el resto del país, retraso ya significativo. Félix Lunar (A cielo abierto) nos lo relata, aunque arrogándose un protagonismo que no se observa en las fuentes documentales. Lo cual nos constata la ausencia de líderes de la importancia de años anteriores en sintonía con la Casa del Pueblo de Madrid (Agustín Marcos Escudero, Luis Fernández Mula o Eladio Fernández Egocheaga). En el relato de Lunar se intuye esa impaciencia de los obreros cuando escribe: "A duras podíamos contener a la gente".

En la provincia, la huelga de agosto coincidió con un momento de alto grado de concienciación entre los obreros, seguramente producto de la persistencia de los numerosos conflictos de meses anteriores, como se observa por el hecho de que la provincia se convirtiera en uno de los focos más combativos de esos días. Esa concienciación era producto del establecimiento del sindicato socialista entre los obreros mineros, los portuarios y de otros oficios de la capital 5 años antes.

Aunque también tenemos que referirnos al estado de decadencia de la organización ugetista de la provincia, especialmente en la cuenca de Riotinto, producto de la polémica entre dirigentes como Eladio F. Egocheaga, Francisco Bascuñana y Vicente Barrio, secretario general de los ferroviarios de la UGT. Lo que no significa una ausencia o atenuación de esa conciencia obrera, antes al contrario se evidencia una firme voluntad de reorganización que desembocará en la creación, pocos meses después, en enero de 1918, del sindicato Nuevo Riotinto y de otras sociedades obreras que se reconstruyen o surgen de nuevo.

Bien es cierto que la vida de algunas de estas sociedades onubenses, entre 1913 y 1917, fue efímera y algunas desaparecían tal como nacían y volvían a surgir otras. Entre ellas tenemos que destacar aquéllas cuya incidencia en el movimiento obrero fuera mayor en agosto de 1917 sobre todo. Sobresalen entre las socialistas el Sindicato Provincial de Mineros y sus secciones en cada una de las poblaciones importantes de la zona de Riotinto, además de las agrupaciones socialistas (Nerva, Minas de Riotinto, Zalamea, El Campillo y Traslasierra, aldea de El Campillo). Mientras que los anarquistas tendrán en Nerva su núcleo principal alrededor de dos ateneos sindicalistas: Ateneo Sindicalista y El Progreso, además de otras varias sociedades de difícil adscripción ideológica. En Tharsis y su área de influencia constatamos una menor importancia del sindicato socialista, representado por la correspondiente sección de Sindicato Minero y sus secciones de Calañas y El Cerro, junto al Sindicato Obrero, más antiguo; y el núcleo anarquista constituido por el Ateneo (sic) de Calañas. En la capital, el núcleo de los sucesos de agosto se centra en los obreros de la Compañía de Río Tinto (RTCL), especialmente los de los talleres y el muelle, agrupados en el Sindicato Minero con los ferroviarios de otras compañías; junto a ellos otro importante grupo lo constituía los obreros de los talleres y de la línea Zafra-Huelva y los empleados en dependencias metalúrgicas diversas (Matías López, Montagut, Morrison, etcétera) y, especialmente los obreros de los diversos muelles del puerto, agrupados en el Sindicato Ferroviario (secciones de la Bahía y la de la Junta del Puerto) de carácter socialista y los anarquistas en la Sociedad de Cargadores y Descargadores en General; junto a otros grupos de difícil adscripción ideológica, como el Gremio de Forjadores, La Primero de Mayo, la Asociación de Dependientes de Comercio, El Progreso, el Gremio de Caldererosoel Sindicato de Marineros y Pescadores, que aparecen en el Registro de Asociaciones del Gobierno Civil.

Sobre este complejo de sociedades obreras onubenses de agosto de 1917, si comparamos con otras zonas de España donde eran más numerosas, tenemos que concluir que o las secciones eran pocas pero muy nutridas de afiliados, o su nivel organizativo y capacidad de relacionarse era tan fuerte como para lograr la generalización de la huelga en casi toda la provincia, como lo prueba la importante resonancia de los sucesos de Riotinto y Nerva el 16 y 17 de agosto. No obstante, es evidente que la organización obrera de la provincia había logrado en poco más de 5 años (1912-1917) pasar de un casi absoluto anonimato a situarse entre las más combativas del país y las que mantenían un alto nivel organizativo y capacidad de convocatoria en agosto de 1917.

En julio, el Ministerio de la Gobernación retiró Guardia Civil de los pueblos para concentrarla en las capitales de provincia, de modo que para evitar perturbaciones en aquéllos y en las líneas férreas, requirió de los gobernadores civiles la constitución de "nú-cleos de fuerza entre ellos [personas de orden], que se encarguen de ejercer la vigilancia en las poblaciones y mantener el orden y la tranquilidad pública"; según se observa en la documentación de la serie A de Gobernación del Archivo Histórico Nacional: el Gobierno, ante su incapacidad, animaba a la autodefensa de una parte de la sociedad, la patronal entre otras. Lo que se hará realidad en muchos lugares y cuyo máximo nivel sería la constitución de organizaciones patronales: las Guardias Cívicas, Fomento del Trabajo, Liga Agraria, etcétera; lo cual puede constituir un precedente del conocido somatén de época primorriverista o anterior (el de Málaga en 1919 o el de Sevilla de 1921) aunque, en nuestra opinión, su origen se halla en la Cataluña bajomedieval en relación con los grandes propietarios. Con certeza, lo que el Gobierno legalizaba era los servicios de seguridad de las compañías mineras, conformados por empleados de confianza y probada fidelidad. Así vemos a Segundo Masero, jefe de los guardas de la RTCL, hacer frente, con varios guardias civiles, a un grupo de agitadores el 15 de agosto.