Un fuerte dispositivo policial, formado por unos 50 agentes a pie y a caballo, custodian desde primera hora de hoy los accesos y el interior de la Audiencia Provincial de Huelva donde hoy se celebra el juicio por los incidentes contra la comunidad gitana registrados en Cortegana el 16 de enero de 2005 en el transcurso de la protesta organizada por el Ayuntamiento tras la muerte del vecino Mateo Vázquez el 1 de enero anterior, por la que fueron detenidos dos vecinos gitanos, caso en el hay 12 imputados, entre ellos, el alcalde de la localidad, Antonio Marín (IU).

El juicio, que iba a celebrarse en la sala de vistas del Juzgado de lo Penal número 2, ha tenido que ser trasladado a la sala donde se celebran los juicios de la Sección Primera de la Audiencia que tiene una capacidad mayor, ya que se espera una masiva afluencia, tanto de personas del colectivo gitano como de los que apoyan a los imputados, entre ellos, ya se ha personado el coordinador general de IULV-CA en Huelva, Pedro Jiménez, y el secretario de Política Institucional de la coalición, Francisco Javier Camacho.

Y es que el alcalde de Cortegana, Antonio Marín, llegó a las dependencias judiciales poco antes de las 10.00 horas, a la que estaba fijado el inicio del juicio, y manifestó tener "la conciencia muy tranquila" y confió en que la justicia "determine" que no ha tenido "responsabilidad alguna" en los hechos racistas que se juzgan.

Además, Marín se refirió a la manifestación en la que se desencadenaron los hechos delictivos asegurando que fue "totalmente pacífica" y que, "una vez finalizada, un grupo de personas protagonizaron los incidentes en la barriada de Las Eritas", en la que vive un gran número de personas de etnia gitana.

De la misma forma, el inicio del juicio se ha retrasado inicialmente ante la incomparecencia de uno de los imputados, que va a tratar de ser localizado durante la mañana de hoy en la localidad de Cortegana.

Los cargos

La Fiscalía de Huelva pide un año y nueve meses de prisión para el alcalde de Cortegana, Antonio Marín, acusado de los presuntos delitos de desórdenes públicos y otro continuado de daños tras los incidentes contra la comunidad gitana registrados en la localidad serrana.

De esta forma, en el escrito, el Ministerio Público también pide la misma condena para otros once participantes en la manifestación, acusados por un delito de desórdenes públicos y otro continuado de daños.

Igualmente, la Fiscalía pide, por el delito de daños, la pena de multa de 18 meses, a razón de seis euros por cada cuota diaria y con una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias impagadas; si bien, de dichas cantidades --que reparte proporcionalmente a los daños ocasionados entre los acusados, a excepción del alcalde-- responsabiliza, de forma subsidiaria, al Ayuntamiento de Cortegana.

La Fiscalía considera como hechos probados que el alcalde de Cortegana, tras la muerte de Mateo Vázquez y el requerimiento de los vecinos, convocó la protesta que discurriría entre la plaza de la Constitución y la de la Esperanza de la localidad, pero, "lejos de parar aquí, continuaron hasta llegar a la calle Encina, sita en la barriada de Las Eritas donde residen la mayor parte de los gitanos, mientras el alcalde no hizo nada por parar la protesta en la Plaza de la Esperanza, como estaba previsto".

El escrito continúa relatando que "los manifestantes, actuando al unísono, comenzaron a dar gritos en contra del colectivo de los gitanos, profiriendo expresiones tales como 'os vamos a matar', 'iros del pueblo' y otras parecidas en clara oposición a dicho colectivo en atención a su etnia; al tiempo que lanzaron piedras y otros objetos contra las viviendas, los coches y otros efectos de los vecinos gitanos, teniendo que ser parados y apartados del lugar por agentes de la Guardia Civil y causando numerosos desperfectos", por los que se les impone la multa.