Un año y nueve meses de prisión solicitó ayer el fiscal para el alcalde de Cortegana, Antonio Marín, así como para los otros doce acusados de los incidentes contra la comunidad gitana que se registraron en Cortegana en el transcurso de una manifestación organizada por el Ayuntamiento tras el asesinato de Mateo Vázquez. El fiscal elevó así a definitiva su petición para los trece imputados, y solicitó igualmente por el delito de daños la pena de un multa de 18 meses, a razón de seis euros por cada cuota diaria y con una responsabilidad personal subsiadiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias impagadas para los acusados, salvo para el alcalde, y responsabilidad subsidiaria para el Ayuntamiento.

La acusación particular introdujo ciertas modificaciones a su petición inicial y retiró los cargos contra I.R.M., al no quedar acreditada su participación en los hechos, redujo a dos años de prisión su solicitud para I.L.C. y M.J.P. por un supuesto delito de provocación al odio racial y solicitó un año de cárcel para el alcalde por un presunto delito de manifestación ilegal. Para el resto de los acusado reclamó tres años de cárcel también por delitos de provocación al odio racial, manifestación ilegal y daños, y otros dos años por un delito de amenazas a la minoría étnica gitana. También les considera autores de un falta de injurias contra los agentes de la Guardia Civil por que pidió un multa de treinta días a razón de tres euros, además de las indemnizaciones de las cantidades acreditadas por los daños. La defensa solicitó la libre absolución.

La sala de vistas de la Audiencia acogió ayer la segunda sesión del juicio contra los acusados de presuntos delitos de desórdenes público y otro continuado de daños durante los altercados ocurridos en el barrio de Las Eritas, sesión en la que declararon más de treinta testigos entre concejales o ex concejales del Ayuntamiento corteganés, vecinos de la localidad, participantes en la manifestación, afectados y agentes del Instituto Armado.

Itinerario sí, itinerario no. Había o no un recorrido establecido que después desembocó en Las Eritas. Responder y aclarar está cuestión copó buena parte del juicio. Conforme los testigos fueron prestando declaración quedaron determinadas dos posturas. Por una parte, los concejales de IU no expresaron ninguna duda de que la manifestación debía discurrir, como acordó la junta de portavoces municipales, entre la plaza de la Constitución y la de la Esperanza; y por otra los ediles del PSOE que llegaron hasta las Eritas mantuvieron que nadie ni en ningún momento dio orden alguna de que la marcha no podía continuar y debía detenerse en un punto concreto.

A este argumento se sumaron otros testigos que también siguieron la marcha hasta el lugar donde se produjeron los ataques contra los gitanos. Eso sí, en este punto, la mayoría de ellos señalaron que no tuvieron conocimiento de los altercados porque cuando se registraron encabezaban la manifestación y se encontraban a cierta distancia, aunque si habían reclamado la mediación de algunos de ellos para contener las supuestas agresiones que protagonizaba un grupo que se había rezagado.

A preguntas de los letrados, la mayoría de ellos tampoco escucharon durante el recorrido gritos de tintes racistas del tipo "gitanos asesino" "salid os vamos a matar" y en cualquier sólo consignas como "asesinos", "justicia", "seguridad".

¿Cuál fue el motivo que condujo al grupo de manifestantes a trasladarse a Las Eritas? Algunos testigos apuntaron a la propia inercia, la mala organización, el descontrol y otros sólo a la intención de dejar patente el clima de inseguridad que vivía el pueblo y que se reflejaba en una nueva muerte violenta a manos de miembros de la etnia gitana. Sin embargo, alguno fue más allá y llegó a asegurar que el motivo de trasladarse a Las Eritas fue porque los payos estaban literalmente acosados por los gitanos. Quiso poner un ejemplo que había experimentado personalmente pero el juez no se lo permitió. Era suficiente con lo que había declarado.

En cualquier caso muchos de los testigos indicaron que en algún momento pensaron que la autoridad o las fuerzas del orden público pararían la marcha y reprocharon de alguna forma que la Guardia Civil cortara el tráfico y les permitiera atravesar la carretera para dirigirse al barrio donde viven gitanos y también payos como era intención de los manifestantes.

En la sesión matinal, también prestó declaración un agente de la Instituto Armado que ratificó el testimonio que había aportado durante la instrucción del caso en la cual reconoció que buena parte de los trece acusados, a excepción del alcalde, participaron en los ataques lanzando piedras contra las viviendas del colectivo gitano, arrancaron una farola y volcaron un remolque para transportar caballos. El agente declaró también haber sentido miedo y que gracias a la intervención de la Guardia Civil no se produjeron males mayores porque la intención de los manifestantes era entrar en las casas de los gitanos. La vista concluyó con la lectura de los informes.