Los pozos ilegales de agua para riego en Doñana existen. Están ahí. La Administración sabe de su presencia y, sin embargo, apenas si está actuando para acabar con este problema que, según la asociación ecologista WWF, pone en riesgo todo el ecosistema del Parque Nacional.

En la cabecera de la Rocina se concentran 50 pozos y 7 balsas ilegales en zona forestal (el arroyo ha perdido el 50% de su caudal en 30 años), el arroyo de La Cañada alberga más de 30 infraestructuras de riego a lo largo de 5 kilómetros, el área de Matalagrana sufre continuos descensos del acuífero que ya han sido denunciados por diversos organismos internacionales, los hatos extraen, al menos, 11 hectómetros cúbicos de forma ilegal, lo que provoca acusadas disminuciones del acuífero (sentencias firmes desde 2008 siguen sin ejecutarse) y la laguna protegida de Las Madres cuenta con, al menos, dos tomas de agua sin autorización y acumula denuncias desde hace 6 años. El resultado es que las marismas de Doñana reciben menos del 20% de los aportes naturales de agua.

WWF presentó ayer el informe El Robo del Agua en Doñana, que recoge los casos más críticos, ubicando más de un centenar de extracciones ilegales de agua por medio de mapas y fotografías. El documento analiza el problema del riego ilegal a través de cinco zonas principales. La organización recuerda que, según la Junta de Andalucía, sólo en el área fresera de Doñana hay 1.000 pozos ilegales, 2.000 según los propios regantes, y que tan sólo un tercio de la superficie regada cuenta con los permisos necesarios para el uso del agua.

La cabecera del arroyo de la Rocina, el arroyo de la Cañada, la zona de Matalagrana y la Laguna de la Madres y los Hatos son las cinco áreas críticas en el uso ilegal del agua en Doñana, según explicó el responsable de WWF en Doñana, Juan José Carmona. Estas irregularidades se recogen en el informe en el que es posible ubicar los puntos de extracción ilegal de agua y visualizar las fotografías.

La organización presenta también una llamada a la acción en forma de aplicación interactiva que da la oportunidad a los internautas de denunciar esta situación a través de las redes sociales. El documento de WWF incluye las investigaciones de campo realizadas por WWF en estas zonas, que dejan al descubierto la existencia de numerosas infraestructuras ligadas al robo del agua: pozos, balsas de riego, zacayones, tomas directas de arroyos y lagunas, etc.

Estas infraestructuras se usan para regar, en muchos casos, zonas forestales ocupadas o fincas de secano transformadas sin permiso, que se ubican dentro de áreas protegidas recogidas en el Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana (Potad), vigente desde el 2004. Una normativa que no ha servido para detener el "robo del agua" en Doñana.

La extracción intensiva -y en muchas ocasiones ilegal- del acuífero desde los años 80 está provocando situaciones tan significativas como la reducción de hasta el 90% de las descargas de agua a las marismas de Doñana.

Tanto el uso ilegal del agua como sus graves consecuencias ambientales son conocidos desde entonces, y así puede comprobarse en numerosos informes de la administración y de expertos y organismos internacionales como Unesco.

Además, la extracción ilegal del agua crea una grave situación de competencia desleal entre los agricultores que cuentan con todos los permisos y los que lo hacen sin autorización y de forma gratuita.

WWF exige a las administraciones que pongan fin al robo del agua en Doñana, para lo cual la organización presenta once propuestas, tres de ellas urgentes: iniciar acciones legales contra las extracciones e infraestructuras ilegales (cierre de pozos, apertura de expedientes sancionadores); elaborar un plan de extracciones del acuífero, y terminar y aprobar el Plan Especial de la Corona Forestal.

Además, la asociación conservacionista propone la aplicación de otras medidas de gestión y ordenación por parte de las administraciones públicas como acciones de ahorro de agua, concienciación de los agricultores y otras acciones, como ayudas y etiquetas de calidad condicionadas al uso legal y eficiente del agua, mejora en los métodos de control, etcétera.

Para Eva Hernández, responsable del Programa de Aguas Continentales de WWF, "el robo del agua tiene unos grandes costes ambientales, sociales y económicos que superan con creces su supuesto beneficio económico. No se puede seguir permitiendo que unos pocos se beneficien de un bien público a costa de la destrucción de los ecosistemas y compitiendo ilegalmente con otros usuarios legales". Incidió en que las extracciones de agua crea una grave situación de competencia entre los agricultores que cuentan con todos los permisos y lo que no.

En su opinión "es urgente que la Administración comience a actuar con decisión y asuma el reto de eliminar las prácticas ilegales e insostenibles en el uso del agua, ya que cuenta con las herramientas legales para ello".