incendio de moguer

El juez exige 73,2 millones de fianza a los responsables de la carbonería

  • Pretende asegurar de este modo las indemnizaciones para los perjudicados, más de 200 por ahora

Un agente contempla las llamas que consumieron miles de hectáreas de pinar en Mazagón. Un agente contempla las llamas que consumieron miles de hectáreas de pinar en Mazagón.

Un agente contempla las llamas que consumieron miles de hectáreas de pinar en Mazagón. / josué correa

El Juzgado de Instrucción número 2 de Moguer ha ampliado hasta los 73,2 millones de euros la fianza que solicita a dos responsables -el administrador único y a otro colaborador en funciones de dirección- de la carbonería ubicada en la localidad, en la que la Brigada de Investigación de Incendios Forestales (BIFF) apunta el origen del incendio forestal en el paraje de La Peñuela el pasado 24 de junio, que afectó a 8.486 hectáreas en el entorno de Doñana, un caso que ya cuenta con más de 200 perjudicados personados.

Según reza en el auto judicial, el juzgado le reclama esta cantidad para asegurar las eventuales responsabilidades pecuniarias derivadas de esta causa, apercibiéndole que de no hacerlo así, se procederá al embargo de bienes de su propiedad en cantidad suficiente para responder a la suma que se le reclama.

El 24 de junio la fábrica se quedó "sola" y tenía autorizados sólo tres hornos de los doce

Esta cantidad es la que ha cifrado la Consejería de Medio Ambiente tras sumar los daños causados por el citado incendio y el juzgado asegura que esta fianza se trata de una nueva petición al personarse nuevos perjudicados, cuyos daños también deberán en su caso ser cubiertos.

A su vez, el juzgado no sólo exige una ampliación de la fianza, sino también un requerimiento de la misma para la carbonería, al tratarse de una persona jurídica, responsable civil subsidiaria a la que se le presume mayor capacidad económica.

De las actuaciones realizadas por el juzgado, que acordó el pasado mes de octubre ampliar hasta los 18 meses el plazo de instrucción de la causa por su carácter complejo, se desprende que los hechos suponen indicios racionales de criminalidad por un delito de incendio forestal imprudente.

Estos indicios se extraen del informe de la BIFF donde se recoge que el origen del fuego pudo estar en el contacto de algunas partículas de carbón vegetal, producidas horas antes del incendio, las cuales se convirtieron en ascuas por acción del viento y fueron transportadas por éste, entrando en contacto con la vegetación.

En el citado informe, que concluye que la causa única que produce el incendio es una negligencia relacionada con la actividad de la empresa, la brigada asegura que la misma "no cuenta con las medidas de seguridad adecuadas para minimizar y evitar cualquier situación de riesgo" y que no cumplía con algunas condiciones que la Consejería solicita en la autorización de su actividad.

De igual manera, el juzgado sostiene que aquel día "hubo un momento en el que la fábrica se quedó sola, cuando en la referida autorización hace mención a una vigilancia permanente", así como que la empresa "sólo tenía tres hornos autorizados cuando en realidad existían doce, siendo los dos últimos construidos este año" y que el plan de autoprotección de la empresa contra incendios, que se autorizó en agosto de 2007, no ha sido modificado a pesar de haberse ampliado la actividad.

Por todo ello, el juzgado ha decidido ampliar esta fianza hasta los 73 millones de euros y destaca en el auto que sólo la extinción ha supuesto un coste de casi 1,5 millones de euros, a lo que deben añadirse todos los daños ocasionados a perjudicados, entre ellos, el camping Doñana y usuarios del mismo, de los que existen distintos presupuestos y facturas aportadas al procedimiento, y los daños reclamados por el Abogado del Estado. No obstante, el juez señala que en el caso de que a lo largo del procedimiento disminuyese el importe de las posibles responsabilidades pecuniarias, podrá reducirse la fianza.

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio destaca en un informe aportado a la causa que el cómputo global de los aprovechamientos forestales atendiendo a todas sus explotaciones y con la suma de valores productivo, recreativo y ambiental, asciende a 71,03 millones de euros, sin contar los gastos de extinción, cifrados en 1,5 millones.

Cabe recordar que este incendio afectó a superficies de Palos de la Frontera, Lucena del Puerto, Almonte y Moguer, aunque en mayor medida a este último municipio y al Espacio Natural de Doñana. En concreto alcanzó a 8.486 hectáreas de un perímetro total de 10.339, y unas 2.000 personas tuvieron que ser evacuadas de los campings, establecimientos hoteleros, viviendas particulares y fincas agrícolas.

En concreto, la Junta cifra en 3,3 millones de euros las pérdidas de renta por el aprovechamiento de madera y leña, al afectar el fuego a un peso total de 195.729 toneladas de madera en las 8.008 hectáreas de pino piñonero. A su vez, dentro de las pérdidas relacionadas con aprovechamientos forestales deben computarse unos 691 euros, derivados de la imposibilidad de producir miel por un periodo de tres años hasta que se recupere la vegetación de la zona.

Por la pérdida del valor recreativo la Junta estima este coste en 3,5 millones de euros, teniendo en cuenta la renta por cinco años hasta que se recuperen los montes públicos afectados para ser rentables. Del mismo modo, la prohibición del pastoreo en zonas incendiadas durante este mismo periodo asciende a 63.819 euros.

Sobre la fauna amenazada, en la actualidad tan sólo es posible estimar el coste por la muerte del ejemplar del lince ibérico del Centro de Cría en Cautividad de El Acebuche, cifrado en 60.000 euros. Se trataba de Homer, una de las hembras reproductoras en el citado centro que falleció como consecuencia del estrés sufrido durante la captura y el transporte por el desalojo.

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