moguer

El empresario de la finca El Avispero continúa en paradero desconocido

  • Está en busca y captura tras una condena 24 meses por delito contra la ordenación del territorio

  • La población se divide entre los críticos y los que defienden que "dio trabajo a mucha gente"

Maquinaria lista para trabajar en la finca El Avispero.

Maquinaria lista para trabajar en la finca El Avispero. / h. i.

Juan Márquez Soriano, posiblemente el empresario agrícola más rico de Moguer, lleva tres meses en busca y captura tras protagonizar su último intento de esquivar la pena de 24 meses de prisión que pesa sobre él. Su delito: atentar contra la ordenación del territorio y transformar en regadío 118 hectáreas forestales en la finca El Avispero, en el término municipal de Bonares. Unos hechos por los que fue condenado el 30 de julio de 2010. La sentencia, ratificada el 7 de febrero de 2012 por el Tribunal Constitucional, le acarreó una condena de 16 meses de cárcel y la obligatoriedad de "desmantelar a su costa las balsas de riego" que se nutrían del subsuelo del famoso acuífero 27 que alimenta el corazón del Parque Nacional de Doñana. Asimismo, tenía que demoler o retirar las edificaciones construidas, devolviendo a su estado original el suelo afectado".

Sin embargo, Márquez, que logró sortear la prisión tras no poder probarse que sobornó a un agente forestal para que hiciese la vista gorda, quiso echar un pulso a la Justicia y se negó a reforestar la finca. El negocio, en términos estrictamente económicos, fue redondo. Si una hectárea de arándanos renta un mínimo de 15.000 euros anuales, la actividad agrícola en El Avispero le garantizaban en torno a 1,8 millones de euros de beneficios netos por campaña.

La huida se produjo después de que el Gobierno le denegase el indulto solicitadoEs la primera condena por la modificación de usos de terrenos forestales en Huelva

La Justicia quiso poner fin a esta impunidad condenándole por un delito de desobediencia a ocho meses de prisión, que sumado a su anterior condena le acarrearía su ingreso en prisión.

El empresario puso en marcha la maquinaria judicial para zafarse de la acción de la Justicia. Inició una controvertida campaña para lograr el indulto del Gobierno e hizo acto de contrición, pidiendo perdón públicamente. Siguiendo el consejo de sus abogados, se gastó 220.000 euros en plantar 44.000 pies de eucalipto que devolvieron su estado primigenio a la finca.

La falta de apoyo social y político a su petición (el propio alcalde de Moguer se negó a avalar su petición de indulto), derivó en que el 30 de septiembre de 2016 el Consejo de Ministros le denegase la anhelada medida de gracia y finiquitaba su penúltima vía de escape. Quienes le conocían dicen que se guardaba un último as en la manga. El indulto fue la escusa para diseñar su plan de escape, ceder las últimas riendas de su negocio a sus hijos, atar cabos legales y darse a la vida como fugitivo, pero con los bolsillos llenos.

En Moguer vecinos como Ángel Domínguez dan la cara por él. Afirma que "en el pueblo dio muchos puestos de trabajo" y por esa razón "le deberían de hacer un monumento". Él mismo ejerció como electricista en las fincas agrícolas que tenía en el pueblo, donde comenzó a construir su imperio tras abandonar la albañilería por una floreciente agricultora basada en el denominado oro rojo. Junto con varios agricultores fundó en 1979 la empresa Costa de Huelva. Convertido en uno de los mayores productores de fresas ingresó en la homóloga Cuna de Platero, donde estuvo como presidente durante cerca de un lustro. Con más de 40 hectáreas de terreno en su poder, en 1987 decidió soltar amarras y creó la empresa familiar Agromolinillo, que hoy día da empleo a 3.000 personas durante la campaña agrícola y otras 500 fijas durante el año.

Su visión para los negocios le hizo ser pionero en la diversificación de los cultivos y apostar por el arándano en unas fechas en las que se pagaba el kilo a 11 euros. Su sociedad mercantil se convirtió rápidamente en uno de los principales productores a nivel nacional, y en 2012 fue la empresa que más exportó al continente asiático.

Sin embargo, Márquez es tristemente puesto como ejemplo de "empresario sin escrúpulos" que representa "lo peor" de un modelo de negocio "dañino" para el medio ambiente. Algunos vecinos consideran que "se aprovechó de la falta de regulación" para arramblar con enormes zonas forestales. Un grupo de mujeres de una cafetería indica que "no hizo nada que no hiciera el resto, pero que no todos han pagado igual". En la finca Tirabuzón, cerca de Montemayor, cometió "grandes atentados medioambientales" según los propios ecologistas, que le llevaron frente a los tribunales. Según ratifican vecinos, por la noche arrancaba los alcornoques y al día siguiente pedía el cambio de cultivo".

Con la complacencia de las administraciones y una irrisoria legislación, Márquez construía pozos, balsas y aniquilaba zonas forestales. Algunos vecinos afirman que eran momentos de bicoca por la impunidad con la que se transformaba el suelo. Fuentes consultadas por este periódico indican que "a los agricultores de verdad, los de toda la vida, les duele y respetan el medio ambiente", quienes vinieron de otros sectores económicos no tanto. "Para ellos la tierra era un mero instrumento para ganar dinero", que encontró el amparo en la falta restricciones morales y/o jurídicas. "Había hasta un manual no escrito para desecar pinos: se le inyectaba lejía en el suelo o gasolina o se rodeaba el tallo con plástico negro y se le prendía fuego, lo que creaba una costra que hacía que no se oxigenasen las raíces y a los cuatro meses el árbol se secaba", así muchos arramblaron con cualquier masa vegetal que molestase, afirman.

Comentar

0 Comentarios

    Más comentarios