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El conflicto en la cementera acaba con la revocación del comité de empresa

  • Los trabajadores ven la situación como "extrema" ya que la alcaldesa sigue sin dar la licencia para valorizar los residuos

Manifestación en Niebla. Manifestación en Niebla.

Manifestación en Niebla. / m. g.

El conflicto que mantienen los trabajadores de la cementera con el Ayuntamiento por la negativa de la alcaldesa a expedir los permisos que permitan la valorización de residuos en la planta iliplense, ha obligado a la plantilla a forzar la revocación del comité de empresa. Al frente de la presidencia se encontraba José Antonio Pou. José Manuel Carro, representante sindical de FICA-UGT, destacó que la decisión no ha sido fácil, si bien se fragua después de que durante los últimos meses Pou "obviase sus obligaciones en la defensa del empleo y la estabilidad laboral, abandonando a sus compañeros en la tarea que tenía encomendada y plegándose, por el contrario, a la postura de enconamiento de la alcaldesa".

Carro insiste que "durante este tiempo Pou no ha dudado en confundir, mentir e incluso amenazar a sus compañeros de trabajo, utilizando la información de la que disponía en favor de sus intereses propios". De esta manera ha "dilatado los tiempos de una forma incomprensible para no decantarse en dar una solución urbanística favorable" que permita valorizar residuos y, con ello, evitar que la empresa lleve a cabo el Expediente de Regulación Temporal de Empleo que afecta al 80% de la plantilla adscrita a los servicios de operaciones, producción y mantenimiento.

El portavoz de los trabajadores detalla que con este movimiento el ex presidente del comité se ve desprovisto de sus garantías de protección sindical, por lo que "sentirá en sus carnes la amenaza de ir a la calle como cualquier otro trabajador, sin derecho alguno". Entre tanto los trabajadores ven extrema la situación después de que la alcaldesa continúe "enrocada en su posición" de no facilitar la licencia de obra que permitiría a la planta valorizar residuos. Desde la plantilla se insiste en que el PGOU, aprobado por unanimidad de todos los grupos con representación en la cámara local, especifica en su artículo III. 33 de uso y edificación que la planta ha consolidado su actividad, no permitiéndose más construcciones que las existentes, excepto aquellas necesarias para el funcionamiento de la industria actual, que permitan la implementación de las mejoras técnicas disponibles para la fabricación de cemento y la modernización de las instalaciones y los procesos productivos".

En este sentido, desde FICA-UGT detallan que la propia Comisión Europea incluye entre las mejoras la sustitución de "los combustibles convencionales por derivados de residuos, aplicables con carácter general a todos los tipos de hornos de cemento.

En la actualidad la industria cementera genera en la localidad 250 empleos directos e indirectos, mientras que su cierre conllevaría la pérdida de un activo económico de más de diez millones de euros.

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