Un grupo de familias ha ocupado ocho adosados de la barriada Miradama en Escacena del Campo. La noticia ha causado un gran revuelo en el municipio por el hecho de que uno de los okupas es hijo del concejal de Urbanismo, José Calero, lo que ha motivado la crítica por una parte de la población.

En el municipio algunos vecinos aseguran que los okupas se enganchan al alumbrado público, mientras el resto de los ciudadanos tienen que sufragar con sus impuestos el consumo eléctrico de personas que están, en el mejor de los casos, "beneficiándose" de una propiedad "ajena".

Los vecinos critican que los okupas tomen el suministro eléctrico del alumbrado público

El residencial se emplaza junto a la piscina municipal, prácticamente a las afueras de esta población condal de poco más de 2.000 habitantes. En los últimos años, el abandono dejó los inmuebles a merced de actos vandálicos, que en forma de grafitis deterioraron la estética de las fachadas, y que en el interior ocasionaron distintos desperfectos materiales.

El concejal de Urbanismo milita en el grupo político independiente Agrupación de Electores Vecinos de Escacena (AEVE), que gobierna con mayoría absoluta en la localidad. En declaraciones a Huelva Información, José Calero reconoció la situación "irregular" en la que se encuentra su hijo, si bien justificó la medida de fuerza adoptada por "la existencia de viviendas abandonadas".

A título personal, Calero subrayó que no puede amparar una acción de esta naturaleza que vulnera los principios de la propiedad privada, si bien a renglón seguido añadió que tampoco puede estar de acuerdo con "que padres de familia tengan grandes necesidades mientras existen casas construidas y abandonadas" dentro del término municipal. Todo a expensas de que, "como ha ocurrido en otro municipios, familias conflictivas" provenientes de otros puntos de Andalucía "se adueñen de la barriada y generen problemas de convivencia", apostilló.

El edil insiste en que han tratado de negociar la compra de la vivienda directamente con el propietario, "si bien nos dice que no puede venderla" por los litigios en los que se encuentra inmerso con las entidades bancarias.

Calero trató de quitar hierro al asunto afirmando que el problema se ha sobredimensionado por el cargo y las competencias de Urbanismo que ostenta, si bien fuera de ella insistió en que "soy un hombre normal con sus propios problemas y sus hijos con los suyos, que, aunque también son los míos, ellos son consecuentes con las cosas que hacen". Por otra parte añadió que la aspiración de su retoño "no es que se le dé algo que no le pertenece, si no que se presten a alquilarle la vivienda o su venta".

El alcalde, Eulogio Burrero, secunda a su compañero de partido, insistiendo en que se ha tratado por todos los medios de negociar un acuerdo con las entidades bancarias para que negocien con las familias que demandan un "alquiler asequible" que les garantice un techo donde dormir.

El regidor se mostró crítico con las tres entidades bancarias que disfrutan de la titularidad de los inmuebles. "Se cierran en banda a cualquier negociación, amparados por los gobiernos. Nosotros estamos dispuestos a ayudarles y concederles la cédula de habitabilidad", una vez finalicen la urbanización de la zona y adecenten los adosados. No obstante, lamentó que "ellos prefieren no gastar dinero y buscar un promotor que se quede con las casas y asuma los costos que comporte el arreglo".

Ante esta tesitura Burrero aseguró lavarse las manos. "Yo no voy a intervenir en ningún caso, aunque si enganchan la luz en el alumbrado público entonces tendré que actuar, porque el suministro lo pagamos todos". Entre tanto urge a quien corresponda a "legalizar la situación, porque es mejor cobrar a que te destrocen la casa".

Los escaceneros, por el contrario, denuncian que los okupas disfrutan de luz y que el alcalde "no ha hecho nada por evitarlo".

La situación no es nueva en el Condado, donde casi medio millar de ciudadanos residen en casas okupas. La mayor parte de esta población se encuentra repartida en los pisos y adosados que construyó como Viviendas de Protección Oficial la inmobiliaria Dolmen, antes de que la crisis le obligara a declararse en concurso de acreedores. La mayor parte de estos residenciales se concentran en Almonte, Rociana del Condado, Bollullos y La Palma, en barriadas que gozan, en muchos casos, de suministro de agua y eléctrico.

Los okupas mantiene la esperanza de que, una vez se resuelva la situación judicial del concurso de acreedores, las entidades de crédito se presten a fijar un alquiler social que les permita seguir haciendo uso del inmueble.