El Juzgado de lo Penal número 2 de Huelva ha fijado para los próximos días 31 de marzo y 1 de abril la celebración de la vista oral por los incidentes contra la comunidad gitana registrados en Cortegana el 16 de enero de 2005 en el transcurso de la protesta organizada por el Ayuntamiento tras la muerte del vecino Mateo Vázquez el 1 de enero anterior, por la que fueron detenidos dos vecinos gitanos.

Así lo reveló el letrado encargado de ejercer la acusación particular, Diego Luis Fernández, quien mostró su satisfacción por el hecho de que "por fin" se haya fijado la fecha de celebración del juicio "tras una instrucción muy pormenorizada" durante la que han prestado declaración más de 100 personas, al tiempo que destacó que "es la primera vez que se tramita en España un proceso penal de racismo".

En este sentido, recordó que la Fiscalía de Huelva pide un año y nueve meses de prisión para el alcalde de Cortegana, Antonio Marín, acusado de los presuntos delitos de desórdenes públicos y otro continuado de daños tras los incidentes contra la comunidad gitana registrados en la localidad serrana.

De esta forma, en el escrito el Ministerio Público también pide la misma condena para otros once participantes en la manifestación, acusados por un delito de desórdenes públicos y otro continuado de daños.

Igualmente, la Fiscalía pide, por el delito de daños, la pena de multa de 18 meses, a razón de seis euros por cada cuota diaria y con una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias impagadas; si bien, de dichas cantidades -que reparte proporcionalmente a los daños ocasionados entre los acusados, a excepción del alcalde- responsabiliza, de forma subsidiaria, al Ayuntamiento de Cortegana.

La Fiscalía considera como hechos probados que el alcalde de Cortegana, tras la muerte de Mateo Vázquez y el requerimiento de los vecinos, convocó la protesta que discurriría entre la plaza de la Constitución y la de la Esperanza de la localidad, pero, "lejos de parar aquí, continuaron hasta llegar a la calle Encina, sita en la barriada de Las Eritas donde residen la mayor parte de los gitanos, mientras el alcalde no hizo nada por parar la protesta en la Plaza de la Esperanza, como estaba previsto".Los hechos que ahora se van a juzgar tuvieron un gran impacto mediático en la opinión pública española.