Un vecino de Rosal de Frontera ha llevado a los tribunales el cableado que una televisión local ha realizado en el municipio, viéndose afectado un establecimiento público, que regenta un familiar. El hombre acusa al medio de comunicación de "ser pirata" y de emitir con el consentimiento del alcalde, el socialista Ramón Márquez. De hecho vincula al responsable de dicha televisión local con el Ayuntamiento, al trabajar como técnico de Cultural.

El conflicto comenzó cuando el vecino pidió al responsable del vídeo que retirara los cables de la fachada de dicho establecimiento público. Tras un tiempo "prudente", el vecino actuó cortando los cables que considera que se pusieron de forma "ilegal", explicó. A partir de ahí, en un foro por internet ha recibido insultos e injurias anónimas que también ha denunciado ante la autoridad judicial.

El vecino considera "ilícito" que el responsable de la televisión cobrara a los abonados 8 euros de cuota y 200 más por enganchar el canal. Y asegura que se está llegando "pingües beneficios de una actividad ilícita", que además "cuenta con el visto bueno del Ayuntamiento".

Por su parte, el alcalde explicó que la empresa no tiene beneficios y justificó que estaba considerada como una actividad social ya que emitía programas de interés para los vecinos como las fiestas y acontecimientos locales.

El responsable de la empresa, Carlos Valencia aseguró que la empresa cerró hace tiempo y que se está viendo la forma de eliminar los cables. Además negó que diera ningún beneficio pues lo que se cobraba servía para cubrir gastos.