Cuatro de los seis arquitectos que comparecieron ayer ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Huelva por el caso del derrumbe en 1998 de las 13 VPO de la calle Peral de Lepe coincidieron en el "riesgo para terceros" que supone el estado de las mismas, decretadas ya en ruinas por el Ayuntamiento local. Fuentes de la defensa indicaron que sólo los dos arquitectos de las constructoras optaron por una rehabilitación de las casas que sustituyese un posible derribo, por lo que destacó que el juez "deberá decidir ahora qué medida cautelar adopta, teniendo en cuenta si suponen o no un peligro para los vecinos o viandantes".

Por su parte, los vecinos afectados esperan que el juez dictamine la ruina total de las viviendas. Así lo comentó el representante de este colectivo, Joaquín Serra, quien valoró "muy positivo" el juicio. Según Serra la parte de los afectados presentó en el juicio una prueba documental del derrumbe de las viviendas. En este caso fue un video del momento inicial del derrumbe de estas casas en 1998. Esta prueba ha sido determinante para que el juez muestre su interés por conocer el estado real de las viviendas. Incluso manifestó la intención de visitar personalmente las viviendas para valorar sobre el terreno la situación de las mismas.

El dictamen de ruina para las viviendas es considerado primordial por los afectados ya que esto llevaría unido el derribo total de las viviendas y la posterior edificación completa de las mismas en lugar de la rehabilitación que proponen los constructores y promotores.

Los costes de una posible reparación son muy elevados y no compensa, además de que a este inconveniente se uniría la devaluación que sufrirían estas casas de cara a una posible venta posterior.

Según Serra, este primer juicio es muy importante porque permitirá determinar el estado de las viviendas y posteriormente cuando llegue la vista del juicio por la vía Civil determinará las responsabilidades que haya lugar por parte de promotores, técnicos y constructores. En este sentido, la Defensa señaló que, merced a que la resolución de este juicio se salde con el derribo y la nueva construcción o con la rehabilitación, se establecerán las indemnizaciones que deben fijarse para cada uno de los propietarios en el juicio por la vía civil que debe celebrarse aún en el Juzgado de Ayamonte.

La Defensa indicó que, aunque para los propietarios "sería más rápida una rehabilitación de las viviendas de su propiedad para poder disponer de ellas, lo prioritario es no causar daños y que no se repita lo sucedido en Santander".

Recordó que los afectados solicitarán el gasto de las obras de construcción o de rehabilitación de las viviendas, los enseres dañados con el derrumbe y, además, daños morales, que ya fueron cifrados en 18.000 euros en el juicio por la vía penal celebrado en 2004 y en el que los imputados -administradores, arquitectos, técnicos y albañiles que intervinieron en las obras- resultaron absueltos y el caso remitido a la vía Civil.