Visto para sentencia el juicio por prevaricación y delitos de construcción ilegal en suelo de especial protección que se celebró ayer en el Juzgado de lo Penal 4 de Huelva y por los que se sentaron en el banquillo de los acusados los tres propietarios de la finca Las Posadillas de Moguer y el arquitecto municipal.

En la sala, este último -C.B.-, que se enfrenta a cinco años de prisión, más de 7.500 euros de multa y 10 años de inhabilitación, defendió la legalidad de la licencia de obra menor que concedió a los otros encausados para que trasladaran cinco casas (para alojar a temporeros) que debían derribar por imperativo judicial a otro lugar de la explotación agrícola de Las Posadillas. El arquitecto estima que la reubicación de las viviendas de madera no se iba a realizar sobre suelo de especial protección, sino en una parcela "no urbanizable normal" de la finca. A su entender, no se precisaba licencia de primera ocupación porque "la Norma Subsidiaria de Planeamiento Municipal de Moguer contempla este tipo de edificación no como de uso residencial, sino vinculado al uso agrícola".

Asimismo, defendió que la licencia que concedió a la empresa Los Arenales de Mazagón SL -gestionada por los otros tres imputados, M.D.R., J.A.D.R. y la mujer de este último- "no fue una autorización pantalla: lo que se solicitó fue lo que se hizo, con una pequeña variación, que en vez de trasladar cinco casas como solicitaron se movieron sólo cuatro".

El arquitecto municipal aclaró que "no me ofrecieron dinero o beneficio ninguno, ni tengo relación con ellos ni ningún tipo de interés especial en que consiguieran esa licencia".

Para la inspectora de Urbanismo de la Junta de Andalucía que realizó el informe pericial sobre el asunto a petición del juzgado, no cabe lugar a dudas de que las viviendas se asientan sobre suelo no urbanizable de especial protección, puesto que están en un Lugar de Interés Comunitario (LIC). La experta entiende que los barracones sí tienen un uso residencial, "puesto que alojan a temporeros", y que, a tenor de toda la normativa de protección urbanística vigente, "no serían legalizables".

Como testigo declaró ayer el secretario municipal, quien se mostró dubitativo y desmemoriado en muchas ocasiones y aclaró que se dejó sin efecto la licencia concedida cuando se judicializó el asunto.

Por su parte, el alcalde de Moguer, Gustavo Cuéllar, testificó ante el juez que el expediente tenía visos de normalidad, pero que "es tal el tsunami normativo en nuestro municipio e incontrolable por lo contradictorio entre las más de 17 normas de aplicación directa que cada vez que firmo un documento tiemblo, porque es imposible saber si se está haciendo todo correctamente".