El alcalde denuncia a Sánchez por su gestión en la obra del parque

  • La demanda del equipo de Gobierno de coalición entre PP y no adscritos se hace extensiva a los cinco concejales socialistas que gobernaron con él

El alcalde de Bollullos par del Condado y concejal no adscrito, Francisco Díaz, ha denunciado al anterior equipo de Gobierno, comandado por el socialista Carlos Sánchez, por presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad documental y fraude en la contratación.

La denuncia fue formulada ayer a medio día en el Juzgado de Instrucción de Guardia de La Palma y es extensiva a los concejales que gobernaron con Sánchez en el pasado mandato, es decir a la diputada Rosario Rosado, Davinia Palacios, David Benjumea, José Joaquín Molina y Antonio Jiménez Espina.

El documento al que ha tenido acceso este periódico traslada el corpus central de las conclusiones y datos elaborados por la primera de las Comisiones de Investigación, puesta en marcha por el equipo de Gobierno actual a cuenta de las obras ejecutadas en el Parque Jardín Municipal Ramos Mantis y cuyo coste ascendió a 1.200.000 euros. La denuncias ponen el foco de las pesquisas en las obras realizadas por Contafis, en las que no medio "procedimiento de contratación y adjudicación alguno, ni proyecto de obra, contrato firmado, ni acreditada la solvencia técnica y financiera de la empresa". Todo ello amén de carecer de "informes previos de fiscalización por parte de Intervención", por lo que añade que "se ha prescindido absolutamente del procedimiento establecido en la contratación pública y de las garantías legales, que ello supone en defensa del interés público".

La denuncia no se anda con ambigüedades y apunta que el ex alcalde "ordenó" el abono de facturas a Contafis por importe de "608.561,21 euros de forma ilegal". De esta manera, se detalla uno por uno hasta 7 pagos aprobados por decreto o Junta de Gobierno, en los cuales se hace constar que los citados pagos se emitieron con informes contrarios por parte de intervención. Fue este departamento quien trasladó a Sánchez "la reiteración de informes negativos sobre el pago de facturas a este mismo proveedor y pertenecientes a la misma obra, sin que, por parte de la Alcaldía Presidencia, se dé solución legal alguna, obviando cuanto se pone en conocimiento en los mismos".

Un hecho que supuestamente "vulneraría los artículos 173.5 y 188 del la ley de Haciendas Locales". Igualmente se constata que "numerosas facturas a la citada empresa carecieron de crédito presupuestario suficiente para ello" y aún así fueron abonadas "pese a las reiteradas advertencias y reparos de legalidad de la intervención municipal".

Al hilo de ello se detalla que "las facturas de las unidades de obra analizadas en el informe pericial falsean la realidad y su abono conlleva destinar fondos públicos a usos ajenos a su destino, beneficiándose de esta manera y de forma indebida a la empresa Gestión de Empresas FCL Contafis S.L, quien elaboraba facturas que presuntamente no se corresponden con la realidad de lo ejecutado, siendo aprobadas, visadas y ordenadas su pago" por el propio Carlos Sánchez.

El equipo de Gobierno de coalición entre populares y no adscritos, estos últimos expulsados de las filas de IU tras prosperar la moción de censura contra el PSOE, aseguran que, de prosperar la denuncia, se justificaría su decisión de formar dicho gobierno de coalición.

El envite es a todo o nada, e incluso el alcalde reafirmó ayer mismo que la moción de censura partió "por la necesidad de reordenar y poner coto a una serie de presuntas irregularidades que todos en mayor o menor medida teníamos conocimiento, pero no contábamos con la información necesaria para probar estos hechos".

A pesar de todo, el edil subraya que se han visto sobrepasado por los acontecimientos, de modo que la magnitud de las cifras y las supuestas irregularidades irían "más allá de una negligente gestión", por lo que traspasaría la línea punible penalmente.

El letrado del Ayuntamiento, José Carlos Hernández, defendió la actuación de Díaz señalando que la obligación de toda persona es poner en conocimiento unos hechos que son presuntamente constitutivos de delito y, más aun, el de alguien que ejerce una función pública. Para el letrado la narración de los hechos se sustenta "en una profusa documentación que constataría de forma inequívoca los presuntos delitos", por lo que mostró su confianza en que el juez admita a trámite la denuncia e incoe las diligencias previas procediendo con ello ha instruir e investigar los hechos.

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